El Palacio de Bibataubín podría cambiar de uso, una vez más, si consigue salir a delante una de las medidas pactadas por PP y Ciudadanos de cara a a conformar un nuevo Gobierno en la Junta de Andalucía: la supresión del Consejo Consultivo.

El acuerdo propone que las funciones del órgano radicado en Granada sean desarrolladas por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, lo que en principio podría significar un ataque a la capitalidad judicial de Granada.

Sin embargo, el que fuera portavoz de la plataforma Juntos por Granada, Luis Chacón, que capitalizó las protestas ante el proyecto de desplazar las dos nuevas secciones penales a Málaga y Sevilla, no prevé que esta medida supusiera un agravio como para volver a salir a las calles.

Luis Chacón, de Juntos por Granada, si vería un agravio que se trasladara a otra capital

“Esto sólo ocurriría en el caso de que se decidiera trasladar el Consejo Consultivo a otra ciudad, pero el hecho de su disolución no afectaría para nada la condición de Granada como capital judicial”, apunta Chacón “a título personal”, tras subrayar que este escenario nunca se debatió en el seno de Juntos por Granada porque, por entonces, era implanteable.

“Es una institución muy francesa, pero no pasaría nada si desapareciera y se tomara el camino de Portugal, donde no existe órgano y se encargan los estudios a instituciones específicas en cada caso”, continúa.

Por su parte, el exalcalde de Granada, Antonio Jara, que formó parte del Consejo Consultivo entre 2002 y 2009, apunta que las competencias del órgano con sede en el Palacio de Bibataubín en ningún caso podrían pasar a los servicios jurídicos de la Junta y tendrían que recaer en el Consejo Estado.

Antonio Jara cree que el órgano debería "redimensionarse" pero no suprimirse

Antonio Jara apunta que en la reforma de 2007 el Consultivo se convirtió en un órgano estatutario, por lo que supresión implicaría una reforma del estatuto. “Va a ser una exigencia difícil de cumplir por el nivel de quórum que necesitaría”, señala para apuntar a continuación que, si se suprime el Consultivo, “no se hunde la comunidad autónoma”.

“Lo que pasa es que no es verdad que sus funciones puedan pasar a los servicios jurídicos, esto no es así porque el Consultivo es una especie de prolongación del Consejo de Estado, por lo que las competencias que tiene atribuidas por ley no pueden pasar a otro sitio, volverían al Consejo de Estado”, afirma Jara.

Tras siete años en el Consejo Consultivo, Jara recuerda que en más de una ocasión se planteó la necesidad de redimensionar el Consultivo porque, en su opinión, es un órgano  “hipertrofiado que se ha desarrollado excesivamente”. “Las funciones se podrían desarrollar con menor gasto, esto es planteable, pero su función sigue siendo muy interesante porque en temas de urbanismo, espacios verdes o contratos de la administración pública cumple un papel muy interesante”, defiende el expresidente de CajaGranada Fundación.

En su visión del Consejo Consultivo, Jara recuerda que, en la época de José Antonio Griñán como presidente de la Junta, ya propuso que el Consultivo asesorara al Parlamento en “técnica legislativa para hacer leyes inteligibles que no generasen problemas de interpretación”, recuerda.

Así que, en resumen, Antonio Jara sostiene que es “complicado” tachar “de un plumazo” un órgano estatutario. “Es difícil también que se tome la decisión de no nombrar presidente y no nombrar consejeros porque el Consultivo seguirá estando en el estatuto”. Así que, en su opinión, “no es despreciable” contar con un órgano de control que no es jurisdiccional.

Con su experiencia en el Consultivo con casos como el de Inmaculada Echevarría, que pidió morir en San Juan de Dios y el Consultivo emitió un dictamen que sirvió de modelo al resto de España, defiende la necesidad de revisar el Consultivo, pero “no eliminarlo”.