El quinto informe para aclarar la gestión de la televisión municipal TG7 durante la etapa de Juan Antonio Fuentes al frente emitido por una nueva letrada municipal tampoco convence. El portavoz de IU, Francisco Puentedura, registró ayer un escrito dirigido al alcalde de Granada para manifestar las "serias dudas" que le sugiere a IU este documento tanto del "procedimiento designado para la elaboración del mismo como de sus conclusiones". Ante esta situación este grupo municipal ha registrado un documento con una batería de preguntas dirigidas principalmente al Secretario General al entender que se trata del máximo responsable delegado por el alcalde de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

En el documento elaborado por una letrada de la Asesoría Jurídica se reconoce la existencia de irregularidades. Sin embargo, la letrada considera que no se aprecia una "conducta susceptible de ser constitutiva de delito de prevaricación administrativa previsto en el art. 404 del Código Penal que pudiera determinar su remisión a la Fiscalía".

IU cuestiona los pasos dados en un contrato "público" que se hizo sin abrir un concurso

El Ayuntamiento ya contaba con cuatro informes que reconocían dichas irregularidades. Primero se pronunció el interventor, después el titular de la asesoría jurídica, el director general de contratación y el secretario municipal. Todos ellos ponen el foco sobre el expediente de reclamación de CBM del pago de una factura por importe de 548.775 euros por servicios complementarios al contrato de grabación de los eventos informativos, programas o especiales designados por TG7 prestados por el Ayuntamiento en el periodo 2013-2015.

El secretario municipal ya dijo que se trataba de un contrato público lo que abría la puerta para abrir responsabilidades a los antiguos responsables de la tele en base a la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (pues debió adjudicarse conforme a las normas incluidas en la ley de contratos de servicios públicos". Sin embargo, la letrada considera que es preciso distinguir entre ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen una comisión de un delito, pues "a a pesar de tratarse de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable no puede identificarse simplemente nulidad de pleno derecho y prevaricación". Además, la letrada también detalla que los servicios fueron prestados "lo que elimina el injusto dado que se ha prestado unos servicios a los administrados y, por ello sin perjuicio efectivo sobre los intereses del ciudadano o de la causa pública".

Pese a las aclaraciones de la letrada IU ha solicitado al Secretario General del Ayuntamiento de Granada que aclare algunos aspectos relativos a los plazos de encargo y redacción del informe y en torno a la persona que lo ha elaborado. ¿Cuando la letrada empezó a prestar sus servicios en la asesoría jurídica y cual ha sido el procedimiento para su acceso a este puesto?, se preguntó el edil. Por otra parte, respecto a las conclusiones, IU preguntó si comparte la Secretaría General como máximo responsable de la asesoría jurídica las conclusiones del informe y por qué este documento no recoge las conclusiones de otro anterior elaborado por el secretario general Ildefonso Cobo que señala que la naturaleza del contrato era pública.