A Paco (nombre ficticio) se le detuvo el pasado 27 de septiembre por su implicación en un asunto de drogas. Llegó a la Jefatura Superior de Policía a las diez y media de la mañana. Mala suerte. Era martes y los abogados que se encontraban de guardia estaban desconectados entre las diez y las dos de la tarde. No prestaban en ese intervalo el servicio de asistencia al detenido. Los investigadores policiales tenían claro que, una vez tomaran a Paco declaración en presencia de un abogado, le iban a dejar en libertad, pues los hechos que se le imputaban no revestían una especial gravedad. El abogado no llegó hasta las siete de la tarde, por lo que el detenido no salió de las dependencias policiales hasta las siete y media.

Paco no lo sabe, pero probablemente pasó en el calabozo algunas horas más de las que hubiera pasado otro día de la semana. Por eso, su caso puede servir para ilustrar los efectos que están teniendo las medidas adoptadas por los abogados granadinos desde el pasado 16 de septiembre. Ese día, el colectivo celebró una Junta General Extraordinaria en la que, harto de los atrasos en los pagos del turno de oficio y de reivindicar durante años -y sin hacer ruido- unas justas mejoras en sus condiciones laborales,decidió emprender una particular cruzada que, en principio, durará hasta el próximo 11 de noviembre. En esa fecha está prevista una nueva asamblea general (antes, por los plazos que establece la ley, no pueden convocarla) en la que todo apunta que abandonarán sus protestas.

Aunque se haya registrado algún caso como el del Paco, lo cierto es que tanto Policía Nacional como Guardia Civil aseguran que el 'paro' que han protagonizado los tres últimos martes los letrados apenas ha afectado al curso normal del trabajo policial, dado que cuando la computadora que avisa telefónicamente a los abogados de guardia funciona con normalidad y sin interrupción, éstos tampoco acuden ipso facto debido a la frenética actividad que tienen.De hecho, hay mañanas en las que un mismo abogado de los de guardia puede tener tres o cuatro avisos de "la máquina" para asistir a diferentes detenidos en distintos puntos de la provincia, por lo que por mucha prisa que se dé, no puede atender de inmediato cada llamada. Eso sí, siempre debe de hacerlo, por imperativo legal, antes de que transcurran 8 horas. Una vez pasado ese tiempo, si el letrado no ha podido acudir, "se pasa al detenido al juzgado sin haberle tomado declaración", indican las fuentes consultadas, que confirman que ni Guardia Civil ni Policía han recibido queja alguna de ningún arrestado por esperar de más.

Pero la 'rebelión' del colectivo de abogados va más allá: también afecta al turno de oficio. Desde hace casi un mes, no se están designando abogados para aquellos procedimientos en los que los litigantes solicitan justicia gratuita, salvo en materias tan sensibles como violencia sobre la mujer o en causas con preso, entre otras excepciones.

Los procedimientos paralizados desde entonces, según cálculos del propio Colegio de Abogados de Granada, serían una media de tres o cuatro al día, por lo que permanecen pendientes de designación de abogado de oficio -y por lo tanto aparcados en los juzgados- alrededor de un centenar de expedientes. Es decir, que la Justicia, que ya de por sí es lenta, para esas personas lo está siendo estas semanas un poco más. Ése es otro de los efectos que están teniendo las medidas del colectivo. A esas personas sin recursos, que no pueden pagarse un abogado privado, sólo les queda esperar.

Ante este panorama, el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, ve absolutamente necesario que Junta de Andalucía y Colegio de Abogados encuentren una solución. "No se puede tramitar un procedimiento sin esa asistencia letrada a la parte", recuerda el magistrado, que reconoce, no obstante, que "en el Decanato no se ha recibido una queja concreta de ninguna persona, al margen de la incomodidad respetuosa que sí tenemos dentro de los propios juzgados por estar soportando esa disfunción". Sánchez Gálvez revela que ha hablado tanto con la delegada del Gobierno, María José Sánchez Rubio, como con el decano de los abogados, Eduardo Torres, y, "manteniendo una actitud de respeto institucional por las posiciones de cada una de las partes", les ha pedido que se pongan de acuerdo para "o bien alzar esta medida o bien atenuarla en alguna de sus aplicaciones". Para el juez decano, efectivamente "se están afectando derechos del justiciable", tanto los de quien no recibe la asistencia en su momento como los de quien que ve retrasado su procedimiento.

Al abogado granadino Sergio Berbel le tocó estar de guardia general hace dos martes. "En ningún caso se deja de asistir al detenido, simplemente, la única diferencia con una guardia normal de cualquier otro día de la semana, es que entre las diez de la mañana y las dos de la tarde se desconecta la máquina que nos llama a nosotros", explica. A él, el día que estuvo de guardia, los juzgados le llamaron "antes de la desconexión de la máquina", por lo que estuvo toda la mañana liado y, luego, recibió avisos de la comisaría, por lo que tampoco paró en toda la tarde.

Berbel está completamente de acuerdo con las medidas adoptadas por el colectivo. Asegura que los letrados "están muy quemados desde hace mucho tiempo", porque en el turno de oficio se les paga poco y tarde. "Esto se paga a unos precios ridículos: por ejemplo, un divorcio con todas sus circunstancias no sé si llega a 300 euros, y encima hay retrasos". En cualquier caso, quiso dejar claro que no sólo se trata de una cuestión económica: "Hay otros muchos motivos, que giran en torno a la dignidad en el desarrollo de nuestro trabajo". A su juicio, ya era hora de que le tocara a los abogados defenderse, ya era el turno de los abogados.