Urbanismo contrata la redacción de tres documentos clave para el avance del PGOM, el nuevo plan urbanístico de Granada

El Ayuntamiento de Granada avanza, desde la Oficina del PGOM, en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y tiene en licitación el contrato para la redacción de tres documentos importantes para el mismo: el estudio ambiental estratégico, la valoración de impacto de la salud y la memoria económica. El contrato se ha dividido en dos lotes, el primero para los dos primeros documentos de forma que se garantice la coherencia de planteamientos entre ambos y el segundo para la memoria económica. El precio del contrato es de 78.550 euros.

Los pliegos recogen que "dada la especial dedicación que se precisa para este tipo de actuaciones, unida a la escasez de plantilla especializada y medios de que dispone el Ayuntamiento de Granada, resulta necesaria la contratación" de estos trabajos.

En cuanto al Estudio Ambiental Estratégico (EAE), ya en enero de 2024 el Ayuntamiento solicitó el inicio del procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del PGOM, trámite que fue admitido por la Delegación de Medio Ambiente de Granada en marzo. Concluido el trámite de consultas, se redactó por parte de Medio Ambiente el documento de alcance (DA) del estudio ambiental estratégico al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico (EAE). En enero de 2025 fue remitido al Ayuntamiento de Granada el DA, así como informes sectoriales recibidos en el trámite de consultas.

Respecto a la Valoración de Impacto en la Salud (VIS), un Plan General de Ordenación Municipal debe someterse a un informe de Evaluación del Impacto en la Salud (EIS), ya que se especifica que se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud los instrumentos de ordenación urbanística general de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Sobre la Memoria económica (ME), la LISTA establece que los instrumentos de ordenación urbanística incluirán dentro de su contenido una memoria económica que contendrá un estudio económico financiero y, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, un informe de sostenibilidad económica y una memoria de viabilidad económica. Incluirá los criterios de evaluación y seguimiento del instrumento de ordenación urbanística, así como, en su caso, los aspectos económicos de las propuestas realizadas. Contendrá un estudio económico financiero de dichas propuestas, en los casos en que proceda, y, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, un informe de sostenibilidad económica de las actuaciones de transformación urbanística propuestas y una memoria de viabilidad económica de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística.

Un plan viable con las actuaciones propuestas

Además, este documento económico, de vital importancia en el PGOM para hacerlo viable, reflejará el impacto de las actuaciones urbanizadoras en las haciendas públicas afectadas mediante un análisis comparado entre los costes ocasionados por la implantación y el mantenimiento de los suelos dotacionales públicos, las infraestructuras y servicios técnicos necesarios o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes con relación a los ingresos públicos derivados de la ejecución urbanizadora y edificatoria que las actuaciones proporcionan. También la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

La memoria de viabilidad incluirá, entre otros, un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación. Además incluirá las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico propuesto, la estimación del importe de la inversión, incluyendo tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes públicas.

Otro parámetro será el análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación. También el horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la financiación de la operación.