Son cifras, pero de una realidad tan sensible y dolorosa que conviene recordarlas. De hecho, el que haya cifras –estadísticas que ponen negro sobre blanco qué está pasando– supuso un avance notable para poner rostro a un problema que, tradicionalmente, se vivía (o sufría) de puertas para dentro. Era una cosa privada. Pero lo doméstico, la violencia de género, pasó a ser un problema nacional a golpe de tragedia. Comenzaron a registrarse datos y más datos. Y esas frías estadísticas son particularmente dolorosas en el caso de Granada.

Desde el 1 de enero 2003, fecha a la que se remonta el último informe elaborado por la Secretaría de Estado de Igualdad y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad –que se hace público desde 2012–, en la provincia ha habido 34 mujeres muertas por sus parejas o ex parejas.

Desde 2008 no ha habido un solo año sin una mujer asesinada por su pareja o ex pareja en la provincia. Cinco este mismo año, el mismo número que toda Cataluña. Se trata de Nuria, de 39 años; de Leire, que fue asesinada en Dúrcal; de Pilar, que murió a martillazos; de Mar, que recibió un disparo en la cabeza; y de Josefa, de 43 años. A 30 de septiembre de este año, Granada cuenta con la tasa de mujeres víctimas mortales –indicador por millón de mujeres de 15 o más años– más alta de toda España, 12,6, mientras que esa misma tasa a nivel nacional es del 1,9. El mismo informe recoge que la difusión de estos datos permite el “adecuado conocimiento de la situación y evaluación de las medidas implantadas”.

En una reciente entrevista a la catedrática de Medicina Legal y Forense María Castellano –una de las primeras en abordar el estudio de la violencia de género– señala que las denuncias deben analizarse en el menor tiempo posible para tomar medidas destinadas a la protección de la mujer. ¿Se ha avanzado en este terreno? Con las cifras en la mano –y pese a que sigue habiendo mujeres asesinadas– el número de órdenes de protección y medidas ha aumentado proporcionalmente.

En el año 2008 hubo en Granada 4.176 denuncias por malos tratos. Se incoaron 753 órdenes de protección. Supone que se tramitaron medidas en 18 de cada 100 casos denunciados. En 2018 (datos de enero a junio) se han registrado 1.601 denuncias y se han incoado 504 órdenes de protección, lo que supone un 31% del total. En el camino entre estos dos puntos temporales, los datos señalan a este repunte en las medidas adoptadas.

En 2017 (último año completo del que se ofrecen estadísticas) una de cada cuatro denuncias supuso el inicio del trámite para adoptar medidas de protección. En 2010 el porcentaje fue de apenas el 11%.

No todos los procedimientos incoados terminan con la adopción de órdenes de protección o medidas. En lo que va de año, de los 504 expedientes tramitados en diez de los casos finalmente se denegaron estas medidas.

¿Cuáles son esas medidas? Los datos del Ministerio destacan los sistemas de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento. Hasta el mes de septiembre había 31 de estos dispositivos activos. ¿Son muchos o pocos? La tasa media de dispositivos activos en la provincia es del 78,4 (por millón de mujeres de 15 o más años), mientras que ese mismo indicador a nivel nacional es de 54,4. En Zamora es del 0 y el Almería del 312,7.

Otro elemento para determinar el avance de las medidas de protección es echar un ojo a los derechos laborales y económicos. En todo 2008 un total de 782 mujeres eran perceptoras de la Renta Activa de Inserción.

En lo que va de 2018 son 935. De enero de 2005 a septiembre de 2018 se han concedido 1.609 ayudas para cambio de residencia sólo en la provincia de Granada y se han rubricado 26 contratos de sustitución de mujeres maltratadas. Además, se han gestionado 309 contratos bonificados a estas mujeres desde 2003 a 2018.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con una herramienta para hacer el seguimiento en los casos de violencia de género, el bautizado como sistema Viogén. En el caso de Granada, se contabilizan (datos a 30 de septiembre de 2018) 12.255 víctimas, de las que 9.379 (76%) son españolas. En la gran mayoría de los 13.262 casos contabilizados, se ha determinado que siguen activos 1.457, lo que supone el 10% del total.

Por nivel de riesgo, en la mayoría se entiende que es no apreciado (561) o bajo (609), mientras que 276 tienen la consideración de medio y once de alto. En ningún caso, hasta el pasado 30 de septiembre, se determinó que el riesgo era extremo para la víctima. De hecho, en toda Andalucía sólo figura un caso con esa calificación máxima, en Málaga, pese a que en la comunidad se contabilizan 120.503 casos, de los que 15.457 están activos.

El sistema Viogén permite “integrar toda la información de interés” para “hacer una predicción del riesgo” a través de dos formularios preelaborados. Una vez que se determina el nivel de riesgo –hay cinco– se “realiza seguimiento y protección”, además de proporcionar a la víctima “un plan de seguridad personalizado”. El objetivo del sistema –otra cosa es que lo consiga en la práctica– es “establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva”.Este sistema permite hacer una radiografía sobre qué mujeres están registradas en esta aplicación. En el caso de Granada se han contabilizado 36 víctimas menores de edad. En tres casos el riesgo es medio.

El grueso –por edad– de las mujeres que sufren malos tratos está en la horquilla que va desde los 46 a los 64 años. Son 4.259 víctimas sólo en el caso de Granada, de las que en cuatro casos se ha determinado que el riesgo es alto. Otro apunte. 661 mujeres víctimas registradas en este sistema tienen más de 65 años. Por nacionalidad, en el caso de las extranjeras la franja de edad que cuenta con un mayor número de mujeres víctimas es la que va de los 31 a los 45 años (1.579).

Ana Joya, fiscal provincial, explica que uno de los problemas para atajar la violencia de género está en las propias víctimas. En los juzgados se encuentran con casos en los que las mujeres son las “primeras que no quieren que les pase nada a ellos”, a sus maltratadores.

Otro punto sobre el que báscula la polémica que arrecia tras cada mujer asesinada es la adopción de medidas. Joya es clara. “Se ponen medidas en función de la gravedad de los hechos” que relata la denunciante y no existe la posibilidad de prever qué puede ocurrir. En este sentido, la fiscal apunta a que una de las claves para atajar el maltrato está en “la familia” y en que las mujeres hagan uso de los recursos a su alcance.