Vivienda

Unas 25.000 viviendas irregulares podrán legalizarse en Granada

  • La Junta pide apoyo de los municipios para poder aplicar el decreto de urgencia

Marifrán Carazo, junto a los representantes de los Ayuntamientos de la provincia Marifrán Carazo, junto a los representantes de los Ayuntamientos de la provincia

Marifrán Carazo, junto a los representantes de los Ayuntamientos de la provincia / antonio l. juárez / photographerssports

Cerca de 25.000 viviendas irregulares podrán legalizar su situación si se acogen al Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares aprobado de forma urgente por la Junta de Andalucía.

La mayoría de estos inmuebles, viviendas aisladas o asentamientos irregulares, se encuentran en el Altiplano, los confines de la provincia con Málaga y Almería en la Costa Tropical, y la Alpujarra. El decreto ley tiene entre sus objetivos poner fin a la complejidad urbanística y se vuelca en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los trámites.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, dio a conocer estos datos en una reunión informativa celebrada en Granada con alcaldes, técnicos y representantes de distintos municipios para explicar el contenido del decreto, y pidió a estos su implicación para poder aplicarlo a través de la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) de vivendas aisladas, o de la redacción de planes especiales para los asentamientos.

La consejera Carazo, acompañada por el delegado provincial Pablo García y dos cargos altos de ordenación del territorio, resaltó que el decreto ley quiere "dar una respuesta definitiva a la problemática de las viviendas irregulares", aunque dejó claro "no se trata de ninguna amnistía".

"No queremos generar falsas expectativas a nadie", indicó la consejera, que recuerda que no se pueden acoger al decreto las viviendas donde no haya prescrito el expediente sancionador o que ocupen suelos protegidos.

El decreto amplía la declaración de AFO y permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado, así como realizar otras obras de reparaciones.

La consejería establece en el decreto dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección.

Los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística. Los ayuntamientos deberán asimismo prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios