Con un exalcalde de Granada sentado en el banquillo, con una fila de acusados llena de políticos, altos cargos y empresarios, con un Ayuntamiento en plena crisis de gobierno como acusación particular, con abogados que representan intereses tan diversos como los de Vox o los del controvertido Tomás Olivo y con una sala llena de medios de comunicación, el juicio del caso Serrallo tenía todos los ingredientes para ser mediático y muchos candidatos para dar titulares. Pero ha sido el magistrado que preside la Sala, José María Sánchez, quien está afianzando día a día el título de protagonista.  

Desde el primer minuto del juicio que arrancó el pasado lunes, 3 de febrero, el magistrado dejó clara su autoridad en la Sala al limitar al máximo las intervenciones, alegaciones o preguntas de las docenas de abogados. Cortó por lo sano y sin paliativos cualquier intento de réplica a las decisiones del tribunal sobre las cuestiones previas planteadas y advirtió de que no iba a favorecer que este "macrojuicio" se alargara más de lo necesario (están previstos dos meses). Algún grito imperativo y hasta un golpe en la mesa le han costado por ahora, hasta la tercera jornada de juicio. 

Casi siempre rígido, aunque en ocasiones jocoso o irónico, también ha mostrado su lado más comprensivo en las declaraciones de acusados. Le preocupó el cansancio de Isabel Nieto tras dos horas de interrogatorio de la Fiscalía (la ex concejal de Urbanismo le respondió que no tenía ningún problema para continuar). Tampoco ha puesto problemas a los acusados que así lo deseen para ausentarse de las sesiones del juicio, cosa que el técnico Manuel Lorente ha aprovechado para no acudir, una vez que hubo declarado el martes, según explicó a este medio el propio encausado. 

Como es habitual al dirigir un proceso como este, el magistrado trata de evitar la reiteración en las preguntas y corta o interrumpe cada vez que considera que el tema está tratado. Pero José María Sánchez tiene un estilo propio: "El acusado ya ha contestado, ¿le hace falta que haga un dibujito o un croquis?".

La pregunta era para la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, durante la declaración del que fue coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento a primera hora de esta mañana. Precisamente esta representante del ministerio público ha tenido que apelar hoy al magistrado, durante la declaración de otro de los técnicos municipales, para que recordara a los acusados que, por su condición de autoridad judicial, éstos debían tratarla con el respeto debido. El antiguo responsable de Licencias municipales, Emilio Martín Herrera, se ha enfrentado con ella y le ha dicho que está "escandalizado" por su acusación. Llovía sobre mojado, porque el acusado Manuel Lorente tampoco fue más suave con la fiscal el día anterior. Contestó visiblemente enfadado y con continuos golpes en la mesa.    

Una baja por retirada entre las acusaciones 

La larga lista de acusaciones de este caso acaba de mermar, con la retirada del empresario Abel Pizarro, propietario actual del negocio de la discoteca del Serrallo. El tribunal decidió el primer día dejar a esta parte con la consideración de acusación popular, en lugar de particular, y no admitió sus documentos sobre las supuestas pérdidas económicas sufridas. La nueva situación procesal no ha satisfecho a esta parte y desde hoy ha dejado el asiento libre.

El Ayuntamiento de Granada, que es acusación particular, estuvo a punto también de dejar la vacante por imposición del tribunal, al desvelarse el primer día que no había formalizado correctamente su personación. Al final, y después de consultar jurisprudencia por la tarde, la Sala ha permitido su continuidad por el "interés público", pero Sánchez Jiménez no ha dejado de verbalizar sus dudas sobre la millonaria petición económica del municipio o de la acusación popular de la empresa de Tomás Olivo, que mantiene acusados a los ocho concejales que formaban parte de la junta de gobierno local que aprobó el cambio de usos y horarios para la apertura de la discoteca del Serrallo.