Juicio de los ERE

El tribunal acepta la propuesta de las defensas para que sus testigos sean los últimos en declarar

  • Una funcionaria de Empleo asegura que "no completaron ni incorporaron nada" a los expedientes que analizaron

La funcionaria de la Junta Ángeles García, durante su declaración. La funcionaria de la Junta Ángeles García, durante su declaración.

La funcionaria de la Junta Ángeles García, durante su declaración. / EFE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia el denominado “procedimiento específico” de los ERE, ha aceptado la propuesta de las defensa para que los testigos propuestos por los abogados de los 22 ex altos cargos procesados sean los últimos en declarar, para lo cual antes tendrán que rendir testimonio la aproximadamente una docena de testigos propuestos por la acusación popular que ejerce el PP-A.

 Antes del inicio de la 85 sesión del juicio, varios abogados de los ex altos cargos plantearon al tribunal que como se estaban “intercalando” testigos propuestos por el PP con los que declaraban a propuesta de la defensa se estaba creando indefensión, por cuanto estos testigos de la acusación podían ir creando una “convicción al tribunal”, ha señalado el abogado Manuel Pérez Cuajares, que representa al ex director de Trabajo Juan Márquez, que ha añadido que como no eran testigos sumariales deberían estar a disposición del tribunal sin necesidad de retrasar su declaración en caso de incomparecencia.

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra aunque ha señalado que esta situación no causaba indefensión a las defensas, sí que se ha mostrado partidario de suspender la vista hasta que sean citados todos los testigos de la acusación popular, con la advertencia de que esa supuesta demora obligaría a celebrar sesiones “más intensivas” una vez que declaren esos testigos para recuperar el tiempo perdido.

La abogada Encarnación Molino, que defiende al ex consejero Francisco Vallejo, ha explicado que “difícilmente se puede contradecir a un testigo de la acusación cuando ya han pasado los testigos de las defensas”, al alterarse el turno, y su compañero Luis Aparicio ha pedido un “acto de generosidad” a la acusación para que renuncie a alguno de los testigos que, a su juicio, no aportan nada a los hechos porque han venido muchos funcionarios de la Junta y “diez personas han dicho lo mismo”.

El abogado Juan Carlos Alférez ha añadido que si uno de estos testigos propuestos por la acusación no comparece debe entenderse por renunciado, y ha pedido que se establezca un día determinado para acabar con las declaraciones de la acusación.

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha anunciado que se iba a atender la petición de las defensas de no dar paso a sus testigos hasta que finalicen los propuestos por el PP, y de esta forma ha acordado que hoy declaren tres testigos de la acusación popular y el próximo lunes lo hagan los restantes, recordando que en un reciente providencia del 5 de julio se ha requerido al PP para que comunique los domicilios de los testigos que ha propuesto. De la misma forma, el juez ha anunciado que la próxima semana habrá una sesión más de tarde para recuperar el tiempo que se ha perdido en esta sesión, que ha comenzado con más de una hora y media de retraso.

Tras el parón inicial, ha declarado una funcionaria de la Consejería de Empleo que participó en la revisión de los expedientes una vez que estalló el escándalo de los ERE. La testigo, María Ángeles García Ortega, que es jefa de servicio, ha dicho que les pidieron que se “esclareciera qué estaba pasando en los expedientes” de los ERE y si se estaban cumpliendo las condiciones para las ayudas, y ha negado que los funcionarios “completaran ni incorporaran nada” a los expedientes.

Esta testigo, que analizó el ERE de Mercasevilla y el de Hitemasa, en el que figuraba como intruso el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que, según ha comentado, “encontraba más información en la prensa de la que tenía” en las cajas de documentación que le habían facilitado para su análisis.

Otra funcionaria que también ha rendido testimonio ante el tribunal, Milagrosa Ostos, ha dicho que algunos expedientes tenían más documentación y otros menos, pero no recuerda si había solicitudes de ayudas o resoluciones del director general de Trabajo ni expedientes de gasto.

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