El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, visitó ayer en Priego de Córdoba las Fuentes del Rey y de la Salud, los primeros monumentos catalogados por el Gobierno autonómico en 1984, cuando el Estado transfirió las competencias en materia de Patrimonio Histórico. Desde entonces, durante las tres últimas décadas, Andalucía ha sumado hasta hoy más de 30.000 bienes protegidos.

En concreto, desde aquel 18 de diciembre de 1984 en que el Consejo de Gobierno andaluz declaró monumentos histórico-artísticos las Fuentes del Rey y de la Salud de la población de Priego de Córdoba, la Junta ha tramitado 2.830 expedientes, los cuales han dado lugar a la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA) de cerca de 3.500 bienes inmuebles, según celebró el consejero durante su visita y recordó luego la Consejería en un comunicado.

Iglesias, castillos, palacios, conjuntos históricos, zonas arquelógicas, lugares de interés etnológico o industrial y zonas patrimoniales son algunos de los conjuntos catalogados, además de 27.000 bienes muebles y 27 actividades o manifestaciones de interés etnológico. A esta cifra hay que añadir, según informa Cultura en su nota, aquellos elementos protegidos de forma directa por ministerio de ley o catalogación instantánea en virtud de las disposiciones adicionales de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Alonso recordó que la protección de un elemento del patrimonio histórico mediante su inscripción el CGPHA, como Bien de Interés Cultural (BIC), significa su "reconocimiento como expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz", lo que conlleva una tutela por parte de la Administración para velar por su conservación, mediante el control de las intervenciones que en él se realicen, inclusión en los catálogos urbanísticos, etcétera. La catalogación de un bien conlleva de este modo un incremento de su visibilidad, al incorporarse a los procesos de investigación y difusión, e incluso, como siempre insiste el consejero, de su "rentabilidad turística".

Por todo ello, "supone un compromiso de la Administración" en su conservación, ya sea desde el ámbito de la cultura (mediante el control de las obras, inversiones...), de la ordenación urbanística, de las políticas turísticas o de los ayuntamientos, a través de su colaboración activa en la protección y conservación de los mismos, adoptando, en caso de urgencia, las medidas necesarias para su salvaguardia.

Por otro lado, la declaración como BIC supone la posibilidad de beneficiarse de las medidas de fomento de la legislación del Patrimonio Histórico, como son la desgravación en la declaración de la renta, deducciones en IBI y licencias urbanísticas, inversiones del 1,5 % cultural así como dación en pago de deuda con la administración (bienes inmuebles).