No es la primera ocasión en que utilizo una tribuna para dar mi opinión sobre temas y polémicas de lo que podríamos llamar asuntos de política interna de las universidades. Recuerdo la polémica sobre el master cursado por una política madrileña y los títulos concedidos por una universidad (Cifuentes, una alumna cualquiera, 7 de abril de 2018; Trabajos perdidos, 28 de marzo de 2018) o comentarios sobre la mastodóntica burocracia que nos envuelve a los docentes en unas tareas que debían ser realizadas por profesionales de gestión y no por el profesorado (El dinosaurio y la lealtad, 16 de mayo de 2015; ¿Por qué llamarlo planificación cuando hacemos improvisación?, 14 de septiembre de 2021), valgan como ejemplos. Me animo a escribir esta opinión, no para ganar amigos o enemigos sino para aclarar algunas cuestiones y defender el buen hacer de mi empresa pública, léase la Universidad de Granada.

Hace unos meses (julio 2023) el diario El Mundo daba la noticia de un posible caso de favoritismo hacia un estudiante por parte de sus padres, catedráticos en la misma titulación que el hijo cursaba. La noticia era recogida poco después por este diario y se señalaba que el caso estaba siendo estudiado por el servicio de Inspección de la UGR y que hasta el momento no se había realizado ningún expediente disciplinario, que se aplicaría el código ético y que se respetaba la presunción de inocencia, etc, etc, etc.

Aquello quedó en mi olvido hasta la publicación el pasado sábado de una tribuna de otro catedrático de la misma área de conocimiento, de la Universidad de Sevilla, en el que se venía a decir que aquella denuncia de favoritismo, en coloquial lenguaje de enchufismo familiar, era un claro caso de envidia entre colegas y deseo de fastidiar a los padres del hijo denunciado. No se cita el nombre del denunciante ni tampoco del padre y madre catedráticos ni de su hijo, aunque los de estos últimos si se dan a conocer en las noticias previas. Y dirán ustedes a cuento de qué entro en semejante jardín.

La razón es la misma que llevó al catedrático de Sevilla a escribir su tribuna, entiéndase: aclarar algunas cuestiones a los legos en temas universitarios, aunque discrepo en el reduccionismo que realiza el catedrático que la suscribe. Me explico. No entro en juzgar los méritos académicos del estudiante; pues verán qué maravilla de hijo, no me cabe duda. Y si tiene varias decenas de artículos de impacto co-firmados con sus padres incluso antes de estudiar su carrera o antes de graduarse no me cabe duda que esos artículos habrán sido evaluados por el sistema de peer-review habitual en las revistas de alto impacto y en las que, además, es habitual declarar la no existencia de ningún tipo de conflicto de intereses y de un comportamiento ético adecuado. Podría afirmar que sus investigaciones son intachables desde el punto de vista científico. No se puede dudar.

Mi duda es que reducir la denuncia a envidia entre colegas y exonerar todo a que el hijo es tan listo porque sus padres son catedráticos y que también en otros ámbitos (artistas, comerciantes, deportistas) se favorece a los hijos me resulta un argumento que no deja en muy buen lugar a la empresa pública en la que trabajo. Creo poder afirmar que de padres catedráticos pueden o no pueden salir vástagos con maravillosos expedientes. No creo que ningún genetista de prestigio este por afirmar que la inteligencia tiene un alto grado de heredabilidad, aunque si comparto que el ambiente puede ayudar y mucho.

Ya conocen ustedes aquello de que la mujer del César debe ser honrada y además parecerlo. Sabemos que en grupos de investigación de alto nivel puede haber competitividad y disputas por recursos siempre escasos, ¿puede ser esa la razón de la envidia que promueve la denuncia? ¿Puede haber disputas por promocionar a un estudiante a puestos de docencia? ¿Podría el afectado haber conseguido ese currículum en otras áreas? ¿Dice algo la normativa universitaria sobre la evaluación o tutela de trabajos de familiares? Esas son algunas cuestiones que podríamos hacernos y que desde una empresa pública que debe velar por la equidad entre sus miembros me surgen.

Reducirlo todo a querer penalizar la excelencia, como parece traslucir la opinión expresada en la tribuna citada, por un ataque de envidia y por mera maldad me resulta demasiado simple. Francois de La Rochefoucauld (Máxima 106) dice: “Para conocer bien las cosas hay que conocer sus pormenores, y como estos son casi infinitos, nuestro saber es siempre superficial e imperfecto”. Hasta donde mi saber, imperfecto, llega, puedo afirmar que en aras de la defensa de la equidad, la normativa ética de la UGR impide, por ejemplo, poder evaluar en las pruebas de selectividad si hay algún familiar directo; impide evaluarlo en asignaturas que los padres puedan impartirle, impide estar en tribunales de sus trabajos de grado o posgrado; y se está trabajando en mejorar la normativa en otras diversas cuestiones susceptibles de interpretación. Esos son algunos retos que tiene por delante la primera empresa pública de esta ciudad y que sin duda permitirán mejorar nuestro conocimiento, siempre imperfecto, de la política universitaria.