23-F: más que una desclasificación

LA desclasificación de documentos declarados secretos sobre el fallido golpe de Estado del 23-F ha reforzado una verdad que ciertos sectores de la izquierda y de la derecha extrema trataban de difuminar hace años: Juan Carlos I no sólo estuvo al margen de la asonada, sino que actuó como la pieza esencial para abortarla y sostener el sistema democrático nacido de la Constitución de 1978. Las pruebas reveladas despejan cualquier insinuación alternativa y devuelven al episodio su sentido histórico pleno: el Rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, paró el golpe y salvó la incipiente democracia en uno de los momentos más críticos de la transición política española.

Así que la apertura de estos archivos demuestra no sólo la urgencia de actualizar la vigente Ley de Secretos, heredada del franquismo, sino también la necesidad de recordar que la piedra angular del progreso alcanzado durante estos 48 años de vida constitucional ha sido una Monarquía parlamentaria cuyo primer titular renunció al poder absoluto que el dictador le legó al morir. Ese origen para nada deslegitima a la Corona. Al contrario. No fue un gesto menor: marcó el rumbo institucional del país y permitió que España iniciara un camino de homologación con las democracias europeas, asentando un marco de libertades y garantías que ha sostenido el desarrollo político, social y económico desde entonces.

El resultado de la desclasificación deja poco margen para la interpretación partidista. Desactiva cualquier intento del actual Gobierno –o de cualquier otro actor político– de convertir la forma de Estado en el eje de un cisma constitucional que funcione como coartada para alterar el penoso devenir de una legislatura sin rumbo, en la que la apelación a un cambio de paradigma institucional aparece más como un recurso de desgaste que como un proyecto realista. Y desmonta, además, la expectativa de que ese debate pueda servir al PSOE para evitar un desenlace electoral que hoy se perfila abiertamente desfavorable, al situar de nuevo los hechos documentados frente al ruido interesado de quienes buscan agitar ese terreno sin apoyarlo en pruebas.

Es más: si tras la voluntad política de desclasificar parcialmente esta documentación –que bien podría haberse hecho total, como ha reclamado Felipe González– la intención era debilitar a la Corona por interés partidista, el resultado es un rotundo fracaso.