Ataque a la Atención Primaria

Cuando hace más de diez años el gobierno de Obama emprendió su proyecto de reforma de la sanidad, fijó su atención en el modelo sanitario español: ¿cómo era posible que España tuviera un sistema de salud superior en calidad y cobertura gastando tres veces menos por habitante? La razón parecía encontrarse en dos rasgos distintivos de nuestro sistema: su carácter público y la fortaleza de la Atención Primaria (AP). Respecto al primer aspecto, el caso de Estados Unidos mostraba la falsedad de la idea de que la privatización de la salud racionaliza sus recursos; bien al contrario, los parasita hasta su extenuación, convirtiendo un derecho, la salud, en un gran negocio. Respecto a la AP, parece obvio que ha constituido históricamente el rasgo distintivo de la calidad del sistema español, de su capacidad de optimización de recursos y de su dimensión preventiva y educativa a través de una atención directa y de proximidad.

En España, el modelo de Atención Primaria vivió su década de oro entre mediados de los años 80 y 90, pero entró en crisis con el triunfo del neoliberalismo encabezado por Aznar y el consecuente desprecio de toda política social. La concesión a las autonomías de las competencias sanitarias amortiguó en muchos casos las consecuencias del nuevo rumbo, pero en comunidades como Madrid o Valencia, donde el PP gobernaba con mayorías absolutas, la privatización fue de la mano del hospitalocentrismo, arruinando la AP.

En este contexto, las declaraciones de la semana pasada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ligando el colapso de la AP madrileña a un boicot de los profesionales de la salud y sus estructuras sindicales, constituyen una desvergonzada mentira que intenta sacar provecho de una gestión de la sanidad ruinosa y corrupta: sería la supuesta politización de la Atención Primaria, en vez de su demolición programada, lo que reduciría su eficacia y justificaría nuevos impulsos de privatización.

Por fortuna, la actitud antipolítica del ayusismo, construida sobre formas chulescas y calumniosas, no definen hoy a todo el PP: según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Madrid dedica al gasto sanitario el 3,6% de su PIB, y de este, sólo el 11,48% a la AP; por el contrario, Andalucía afrontará de manera más responsable los problemas de la AP, destinando a ella el 36,5% de su gasto en salud (el 7,4% del PIB), aunque también aquí se observe una preocupante tendencia privatizadora.