El tema está ya muy sobado y se ha hablado mucho –demasiado– del asunto Rubiales, pero el caso es tan grave que merece algo más de atención. Ante todo, es evidente que Rubiales es un tipo despreciable. De eso no cabe duda. Su conducta de mandril sobreexcitado –a la vista de medio mundo– ha sido una vergüenza colectiva para nuestro país y ha ensombrecido la hazaña de las jugadoras de la selección de fútbol femenino. Y eso no es todo. Por lo que sabemos de Rubiales, sus turbios manejos en la Federación Española de Fútbol –hasta ahora consentidos sin ningún problema– deberían figurar en la historia nacional de la infamia. Bien, hasta aquí todos estamos de acuerdo: Rubiales debería dimitir de su cargo a pesar de que se niega a hacerlo. Pero ahora entramos en un terreno mucho más resbaladizo. ¿Es Rubiales un delincuente sexual? ¿Debe ir a la cárcel por lo que hizo? ¿Merecía la cacería mediática a la que ha sido sometido, una cacería sin precedentes en la que han participado un presidente del gobierno y una vicepresidenta del gobierno y varias ministras del gobierno, y todo en perfecta sincronización con sus estridentes batucadas mediáticas?

Porque no podemos olvidar un hecho fundamental: hasta ahora no ha habido una denuncia formal por parte de la jugadora supuestamente agredida, Jenni Hermoso. Pero aun así, la cacería contra Rubiales –perfectamente orquestada y ejecutada– se ha llevado a cabo como si el delito estuviera probado. Repito –hay que repetirlo mil veces– que lo que hizo Rubiales es una vergüenza y un abuso de poder. Pero ¿es posible considerarlo también una agresión sexual? ¿Y dónde están las garantías jurídicas de un estado de Derecho? Porque nuestro país, de repente, se ha transformado en una masa histérica que gritaba furiosa contra el condenado en un auto de fe (o que participaba en los dos minutos de odio de la sociedad totalitaria de “1984”). Y lo que es aún peor, el caso Rubiales se ha usado como una campaña de agitación social dirigida desde el poder y que funciona como una amenaza a los posibles adversarios de ese mismo poder. Hasta los que han guardado silencio han sido acusados de ser cómplices del infractor. Así que el poder ha lanzado un mensaje claro: “Ojo con lo que hacéis, que os podemos montar un auto de fe en dos minutos”. Nunca, hasta ahora, se había visto nada igual en nuestro país. Terrible.