Frente a una epidemia, las cuarentenas generalizadas han quedado prácticamente extinguidas en las democracias. Suponen una suspensión de los derechos constitucionales, implicando a los órganos judiciales en su gestión. Muchas personas no querrán pasar por una cuarentena y rehuirán acudir a los servicios sanitarios, y si efectivamente son casos epidémicos, no recibirán el tratamiento adecuado. Además, las cuarentenas generalizadas, por el simple hecho de adoptarse, aumentan la percepción del riesgo y crean alarma social y miedo, como se demuestra en esta epidemia, en la que los datos conocidos apuntan a que este virus no representa una amenaza sanitaria sustancialmente mayor que la de otros virus conocidos. Y el miedo causa decisiones irracionales, como ilustra la posible suspensión del Mobile Congress de Barcelona.

En el ámbito de los servicios sanitarios, se verá afectada su capacidad de gestión médica de la epidemia y la idoneidad de las decisiones clínicas, y hasta habrá deserciones de profesionales. A todo esto, añadamos las dificultades para mantener actividades económicas fundamentales para la salud de la población, como por ejemplo la provisión de alimentos, energía u otros suministros básicos, o de medicamentos y tecnologías a los centros sanitarios.

En una democracia, la gestión de una epidemia se basa en la cooperación, la confianza y la competencia. La cooperación de la ciudadanía, que es capaz de extremar las medidas de higiene, restringir sus contactos si se consideran infectados, y acudir a los servicios sanitarios únicamente cuando sea necesario. Además, se necesitan responsables políticos con capacidad de hacerse cargo de la tremenda complejidad que conlleva una situación epidémica, y de tomar decisiones sobre la base del asesoramiento técnico y científico adecuado. Y, sobre todo, es imprescindible tener un sistema de salud pública -es decir, de protección de la salud- con altas competencias técnicas para el seguimiento y la gestión de la evolución de la epidemia. En nuestro país esta capacidad está sobre todo en las consejerías de salud, y en el ministerio de sanidad en menor medida. Y es justamente la falta de capacitación de los sistemas de salud pública en la zona china de origen la causa de esta epidemia. Y son instituciones como la Escuela Andaluza de Salud Pública, que el Partido Popular pretende extinguir, las que capacitan técnicamente a esos profesionales de salud pública y garantizan el adecuado asesoramiento técnico y científico de las decisiones políticas.