En estos tiempos en los que todo vale en la lucha política, una de las últimas estrategias es la deslegitimación del Tribunal Constitucional. Lo hacen los creadores de opinión pero también algunos presuntos expertos a los que, lógicamente, la ciudadanía escucha más pues no los imagina como activistas políticos. Es un grave problema para nuestro Estado constitucional en cuanto el Tribunal es el garante último de la aplicación de la Constitución. Por ello, quiero reivindicar la labor de sus magistrados.

Lógicamente, el Tribunal Constitucional va a estar formado por personas con ideología, como tenemos todos. En ese sentido, es habitual que a lo largo del tiempo haya periodos en que la mayoría del Tribunal es más conservadora o más progresista, de la misma forma que será más centralista o más federalista. Esto ocurre en todos los órganos de control de constitucionalidad del mundo. En Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo cumple esa función desde finales del siglo XVIII, han sido bien estudiadas sus distintas épocas desde una perspectiva ideológica, con incidencia directa en la interpretación de la Constitución. Sin embargo, esto no significa que sigan directrices políticas de quienes los han propuesto. Resulta absurdo pensar que personas con una larga trayectoria profesional, inamovibles durante el periodo de su mandato, van a recibir órdenes de algún actor político. No es así sino que actúan conforme a su forma de interpretar la Constitución que, efectivamente, puede ser distinta en ámbitos como la religión en la escuela o la igualdad de mujeres y hombres, por referirme a debates recientes.

Se dice a menudo que en este último año el Tribunal Constitucional está resolviendo siempre los asuntos por una mayoría de siete contra cuatro. Sin embargo, eso sólo puede decirlo quién no ha leído las sentencias del Tribunal. De las 146 sentencias de 2023 que a fecha de hoy han sido publicadas en el BOE, en apenas ocho casos se ha dado esa correlación de fuerzas. Es cierto que son asuntos mediáticos como la ley de plazos del aborto, la ley de educación o las fórmulas de acatamiento de la Constitución pero numéricamente son pocos. En muchas otras sentencias las mayorías han sido distintas y los votos particulares también.

Por tanto, nada es tan simple como se nos quiere pintar. El Tribunal cumple su función constitucional con el mismo rigor que lo ha hecho siempre y habla a través de sus sentencias. Lo importante, en consecuencia, es apartar al Constitucional del foco mediático para que pueda trabajar sin la presión política a la que se le quiere someter.