La amnistía general está prohibida en España por la propia Constitución. La parcial se puede plantear pero nunca para delitos como la malversación y menos aún si los cometen políticos en activo como fue el caso de los condenados y prófugos del espinoso asunto del procés. Son temas claros que Sánchez y su ministra vedette pretenden obviar en su loca carrera por gobernar a cualquier precio.

Cierto que el tema debía devolverse de los juzgados a la política. Pero nunca, nunca, saltándose las líneas claras de las reglas del juego. Menos aún con visitas a prófugos.

Hay límites en las concesiones y en las formas. Respetarlos es tener claro que el político está al servicio de sus votantes, nunca al revés. El ansia de poder nunca puede saltar por encima de todo. No.

Los políticos que propiciaron la vía unilateral para Cataluña, más allá de sus motivos más o menos legítimos, arramblaron con la legalidad. ¿Referéndum? Tal vez sí, pero no así. La legalidad es un principio del Estado de Derecho y cuando mercadeas con los principios estás perdido.

En tiempos en que tanto se habla del respeto a todo y a todos se echa de menos que se exija el respeto al marco de referencia, a la ley, especialmente a la ley suprema, la Constitución. La que los nacionalismos quieren cargarse. La Constitución no es ni un chicle ni un salchichón que se trocea a gusto del independentista. Se respeta y se hace respetar y en eso tenemos que estar todos juntos.

Faltan políticos de altura. Solo nos han quedado estos trileros incapaces de sentarse con el adversario a arreglar el problema del chantaje eterno al Estado desde las autonomías más ricas. Pactar un gobierno de dos más dos sería lo suyo. Y aprovechar de paso para cambiar la ley electoral y que el gobierno de cualquier signo no tenga que ponerse más de rodillas ante los nacionalismos. Menos ansia de poder y más sentido de Estado.

Gobernar era otra cosa. Dignificar el ejercicio de la política está en manos de los propios políticos. Y para ello hay que hacer renuncias. La primera, a gobernar a cualquier precio. Los límites están claros: la corrupción y el marco constitucional. Sin trucos.

Si Puigdemont busca salvar su cuello a costa de todos es el momento de reforzar aún más la legalidad que salvó a Cataluña del abismo mostrándole el estrecho sendero de la razón perdida.