Basta tener memoria o internet para recordar que en este país han sido imputados por la Justicia miles de políticos, y que no pocos de ellos resultaron condenados; y que un buen número fue mandado a prisión: presidentes autonómicos, ministros, consejeros. PP, PSOE y el cosmos pujolista convergente fueron los más castigados, no por otra cosa que por haber sido primordiales gobernantes electos: sus partidos gobernaban cuando se cometieron aquellos delitos. Muchos, no probados: la justicia, y sus garantías. A muchos más no se les pilló el rastro.

Las puertas giratorias han sido una forma de corrupción silenciosa y ex ante: quién puede dudar que quien acaba en un consejo de administración de una corporación poderosa había favorecido a ésta en el ejercicio de su función; más que favorecerla cuando, ya “fuera de la política”, formó parte de su alto órgano rector, extraordinariamente retribuido. Es un caso de pago diferido. De sinecuras, y no tanto de sabiduría y capacidad una vez abandonados sus cargos: “Usted quietecito, ponga la mano”. A pesar de estas válvulas de moqueta roja, es un cierto bálsamo que la justicia haya castigado a una parte sustanciosa de la corrupción. Una suerte de reconciliación privada con el poder. Los desmemoriados de aquella limpia dentro de los partidos cargan ahora contra el poder judicial. Los partidos que perciben su aliento, los primeros.

Basta tener memoria, ya a corto plazo, para quedarse estupefacto ante el ataque al poder judicial, un mono de goma al que dar leña. Que hayamos visto cómo, por sindicar votos en un panorama electoral fragmentado, se haya “comprado” a quienes abominan de la gobernabilidad del Estado el relato del lawfare, o sea: la teoría de la guerra jurídica, que afirma que en España la Justicia es un poder que no sólo está al servicio de un Ejecutivo que la maneja a su antojo, sino que está plagado de versos sueltos, por lo general ideologizados y ajenos a sus propios mecanismos de control. Hemos hecho un pan con unas hostias, ¿o qué está pasando?

En estos días, el caso Koldo nos vuelve a poner de cara la máxima pícara que asegura que, en este país, “en pudiendo, trincando”, y que es cuestión de tiempo que entre quienes parecían haber sido castigados o advertidos por la aplicación de la Ley se renueve en tejemaneje egipcio, como se recomponía el malo de ojos azules en Terminator II tras los disparos. Como parecemos no tener remedio cuando el poder público nos proporciona poder personal, reclamemos con alguna esperanza social: ¡Justicia, por compasión!