EMIGRAR a un país, atravesar un mar o una frontera, mudarse a otro sitio y vivir allí durante mucho tiempo y trabajar, si se puede, y ganarse decentemente la vida. Y después, aspirar a que se reconozcan tus derechos; solicitar la nacionalidad de ese país otro que ya ha terminado convirtiéndose también en tuyo.

En los últimos días el Gobierno de España, y en concreto su ministro de Justicia, ha firmado un convenio con el colegio de Registradores de la Propiedad, para que estos pasen a ocuparse de resolver los expedientes que se acumulan en el ministerio (400.000, dice un portavoz ministerial) de solicitantes de la nacionalidad española. No dan abasto, dicen, los 40 trabajadores del ministerio y los expedientes se acumulan, se atascan. Se trata de un "plan de choque" para que los registradores resuelvan los problemas del Estado, que supondría, sin embargo, un primer paso para delegar definitivamente el servicio en este gremio.

Hay tanto barullo, tanto ruido e incertidumbre en España frente a los bancos, las primas de riesgo, el IVA, que el traspaso del servicio de concesión de la nacionalidad, del Estado a los registradores de la propiedad, debe resultar un hecho insignificante, apenas perceptible. Pero se trata de algo muy grave. Porque supone la privatización de un derecho y la dejación del Estado de una de sus funciones esenciales. Después de privatizar aeropuertos, carreteras, centros de educación o de salud, toca ahora, parece, privatizar la propia nacionalidad. ¿Para qué necesitamos al Estado cuando tenemos a los registradores de la propiedad? (Un registrador de la propiedad, después de todo, es alguien que bien puede con fundirse con el presidente de Gobierno).

La medida del Estado supone dar a la nacionalidad el estatus de un piso. Supongo que a partir de ahora sea posible vender nuestra nacionalidad, o comprarla; o, tal vez, alquilarla por un precio razonable en época de crisis, o, incluso, permutarla, intercambiarla por otra que nos guste más, bien de manera definitiva o, tal vez, de manera temporal, durante algunos períodos del año. Ahora que ya nadie habla de viviendas ni hipotecas, seguro que, registradores de la propiedad mediante, empezaremos a leer en los periódicos algunos anuncios como éste: "Se permuta nacionalidad española recientemente rehabilitada, con pintura fosforescente, con patio y ventanas a la calle aunque tapiados y sin ventilar, por nacionalidad más pequeña, de esas de toda la vida, con cuartico de desahogo en su interior. Nuestra situación es desesperada: se escuchan proposiciones".