Muchos ciudadanos se preguntan para qué nos sirve tener el Gobierno más voluminoso de la democracia -con su enorme corte de asesores, subsecretarías, consejeros, etc.- si a la hora de decidir en momentos tan graves originados por la pandemia, su presidente se esconde bajo la cama y cede las competencias de decisiones políticas y sanitarias a los jueces que muestran su enfado por hacerles caer sobre ellos responsabilidades que no les incumben. Con el final del estado de alarma, el caos invade a un país maltrecho, sumido en una confusión con tantas resoluciones contradictorias de los diversos tribunales sobre territorios con idénticos o parecidos perfiles. Hace tiempo que el Gobierno central ha cedido a las autonomías el control de la crisis sanitaria, que, desasistidas de instrumentos jurídicos, reclaman, no ya a un presidente fantasma, sino al más alto tribunal de Justicia de la nación que les aclare el embrollo, en medio del cual siguen muriendo centenares de personas diarias, la economía sigue hundiéndose, a la espera que llegue la única solución que ve el ínclito inquilino de la Moncloa: la inmunidad de rebaño. Ya sabemos que la vacunación masiva es una de las soluciones. Pero mientras conseguimos esa meta ¿qué hacemos? ¿Son únicamente los jueces los que tienen la primera y última palabra? ¿Qué pueden hacer los gobiernos autónomos para no salirse de la legalidad constitucional?

Mientras tanto, manchando el sagrado término libertad, unas juventudes irresponsables se han lanzado a recuperar botellones multitudinarios, rompiendo todas las normas de seguridad que aconseja el momento. Los sanitarios, que en muchos casos ven desde las ventanas de las UCI, a esas masas descontroladas y contagiosas, mientras se les están muriendo al lado pacientes por el Covid, lloran impotentes. Porque una cosa es recuperar libertades y otra muy distinta usarlas con irresponsabilidad manifiesta.

Es cierto que no hay guardias para cada uno de los incumplidores. Como tampoco los hay para sacar de debajo de la cama a don Pedro Sánchez, el último cómico que ha quedado en el nefasto drama, tras la huida de Iglesias que con su corte de coleta, símbolo taurino de su retirada, hemos perdido un motivo de inspiración humorística. Nos queda Sánchez Pilatos y su lavado de manos que tan caro nos cuesta. Decretar que gobiernen la crisis sanitaria los jueces es darle una patada al sentido común y, de paso, a la democracia. Sólo nos queda ya nuestra responsabilidad personal. En cualquier caso seremos, al final, los culpables de todo y los que pagaremos, como siempre, el pato, cojo o no, como se decían sus señorías en un estéril parlamento incapaz de buscar soluciones a los problemas de los pobres españolitos, españolitas y españolites.