El campo –es decir todo lo que aglutina el sector primario: agricultura, ganadería, pesca, transportistas– ha venido a las ciudades para hacer oír sus voces, sus problemas, sus carencias y sus olvidos. Ha coincidido con una protesta en toda Europa –con lesivas políticas-, pero que en España tiene una importancia clave, por ser uno de los productores más importantes de Europa, adonde se exportan gran parte de sus cosechas. Un sector vital si partimos de la obviedad que de él depende nuestra propia vida, nuestra subsistencia, nuestra alimentación. Un sector sistemáticamente olvidado, con graves problemas que los Gobiernos suelen darles largas y que, incluso en los foros europeos, del que dependemos, no se defienden con la suficiente energía y eficiencia. El campo –con todos esos variantes referidos en el amplio concepto para diferenciarlos de los referentes urbanistas– ha sido un gran olvidado y sólo nos acordamos de él, cuando las voces roncas de los tractores suenan en nuestras calles, colapsan carreteras y autovías y paralizan el desarrollo normal de la vida ciudadana, causando las naturales molestias.

Ese olvido de los gobiernos hace que puedan utilizarse su enfado con fines políticos. Pero esa normal apropiación de los problemas cuando surgen no puede ser pretexto para infravalorarlos, poniéndoles etiquetas de extrema derecha o de cualquier otro signo. Da igual que sean espontáneos o apoyados. El deber de los gobernantes es atenderlos y buscar soluciones a sus problemas, que para eso están, ya que no han hecho frente a los mismos antes de producirse el ruido de los tractores, las concentraciones y los bloqueos indeseados, en un choque de libertades necesario para hacerse escuchar.

Especial atención debería prestarle el Gobierno español que arrodillado a los caprichos de Puigdemont no puede olvidarse de sectores vitales. Salvar a cualquier precio –incluyendo el de la indignidad– de todo delito al prófugo de Waterloo, en lo que está empeñado principalmente Sánchez y su Gobierno, causa asco si no presta al menos la misma atención a ciudadanos del mundo rural que no han cometido ningún delito –ni siquiera han recurrido a Putin– y sólo pueden amnistiarlos de la ruina, sin vulnerar ningún código penal.

No creo que Sánchez, su gobierno y el resto de gobernantes piensen, como decía un viejo amigo, que los problemas del campo se arreglaban asfaltándolo. Demasiado hemos visto en ciudades como Granada donde su feraz vega –la California de Europa, la llamó el profesor Bosque Maurell– la ha ido engullendo el asfalto y el ladrillo.