¡Bendito ICOMOS!

El reciente rechazo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, organismo cuyo objetivo es la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural y órgano asesor del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO para los bienes culturales, al proyecto fotovoltaico de El Fargue no es un simple informe técnico más: es una advertencia muy seria sobre el riesgo que supone esta planta solar para un delicadísimo espacio físico junto a la Alhambra, el Albaicín y el Valle del Darro. El organismo internacional denuncia que el proyecto se ha troceado intencionadamente para esquivar controles estatales y evitar una evaluación global de su impacto, un claro fraude de ley que deja en evidencia la permisividad de la Junta de Andalucía. Esta fragmentación de proyectos, muy común en el procedimiento de las fotovoltaicas, se ha convertido en una trampa administrativa habitual: dividir grandes instalaciones en partes más pequeñas para que parezcan inocuas y así poder eludir la obligación de que las tenga que autorizar el Estado. La consecuencia es clara: se pierde control público, se degrada el entorno y se falsea el proceso. Pero el problema va más allá del patrimonio. Estas macroplantas suponen un deterioro ecológico significativo: alteran ecosistemas, fragmentan hábitats y modifican el paisaje de forma irreversible. Además, generan escasísimo empleo estable y ningún retorno económico real para el territorio. Todo para que grandes fondos de inversión maximicen beneficios sin dejar nada en la zona que explotan. El proyecto de El Fargue se ubica en un espacio de altísima sensibilidad ambiental y cultural, lindando con el Parque Periurbano de la Alhambra. Su impacto visual y ecológico contradice cualquier lógica de sostenibilidad. El informe de ICOMOS pide su paralización inmediata. No es una recomendación menor: afecta a un conjunto declarado Patrimonio Mundial. Frente a ello, la Junta mira a otro lado, protegiendo más los intereses de las grandes eléctricas que los de la ciudadanía, el medioambiente o el patrimonio. Granada no necesita placas solares que destruyen su identidad, sino una transición energética bien planificada, participativa y justa. Las energías renovables no deben convertirse en una nueva forma de extractivismo. Este proyecto debe pararse de inmediato. Y con él, la lógica del fraude legal, la opacidad y la impunidad. Lo contrario sería condenar Granada a vender su paisaje y su historia por un puñado de kilovatios mal repartidos.