La calle es un slogan

El futuro de España se debate en un escenario marcado por la tensión económica y una crispación política que el propio PSOE parece instrumentalizar a su antojo. En las últimas semanas, se ha hecho evidente una estrategia por parte de Ferraz que dibuja un panorama inquietante: el uso de la protesta social y la movilización en la calle queda reservado exclusivamente para aquellos territorios donde el PSOE no ostenta el poder o comparte apoyos parlamentarios, mientras que se exigen estabilidad y moderación en aquellos donde sí gobiernan. Se ve acercarse el primer gran termómetro electoral: las elecciones andaluzas. Esta doble moral no solo erosiona la credibilidad del principal partido de gobierno, sino que socava la calidad democrática, al convertir la legítima expresión ciudadana en una mera herramienta de desgaste partidista. En comunidades como Andalucía, se alienta la protesta contra políticas regionales, pero la marea de críticas (más bien el descontento sindical) en territorios como Castilla-La Mancha o Asturias (con gobiernos socialistas) son convenientemente invisibilizados en la agenda mediática cercana al Ejecutivo central. La preocupación real reside en el fondo de esta táctica: la política cortoplacista de Pedro Sánchez. Cada decisión parece estar calibrada no en función del interés general a largo plazo –como la necesaria reforma de las pensiones, la reducción de la deuda pública instalada netamente por encima del 100% del PIB, o la modernización productiva–, sino en la supervivencia a corto plazo del Gobierno. Esta estrategia del ‘sólo vale protestar contra el otro’ revela un síntoma claro: la primacía del ‘sillonismo’ –la obsesión por mantener el poder– sobre la gestión de Estado. Sánchez, cuyo mandato está salpicado por concesiones a sus socios a cambio de apoyo parlamentario, parece haber encontrado en la movilización selectiva un arma más para asegurar la aritmética del Congreso y desviar el foco de las deficiencias de su propia gestión. Si un partido de gobierno utiliza la calle para derrocar o cuestionar a sus adversarios, ¿qué legitimidad le queda para apelar a la responsabilidad y el consenso cuando le toca a él ser el criticado? España necesita un liderazgo que piense en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. La instrumentalización de la protesta ciudadana, un pilar de la democracia, para fines meramente tácticos es un flaco favor al futuro del país y a la madurez de su debate público. El riesgo es convertir la política en un eterno campo de batalla, dejando de lado los grandes acuerdos de Estado que el país necesita urgentemente.