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José Antonio Carrizosa
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Las personas que actúan con prudencia en situaciones límite suelen aplicar un dicho al que se adjudican distintas paternidades, desde Churchill hasta Pío Cabanillas en España: lo urgente es esperar. Las denuncias presentadas por dos empleadas de Julio Iglesias, que acusan al cantante de abusos sexuales y agresiones, las investiga ya la Audiencia Nacional así como la justicia de República Dominicana, país donde supuestamente se produjeron las agresiones, y aunque los datos aportados por eldiario.es y la cadena Univisión son convincentes y colocan en una situación muy difícil a Iglesias, lo que corresponde es dar un tiempo a las investigaciones y analizar sus conclusiones.
Comportamiento idéntico al que debe darse a quien se encuentra ante acusaciones idénticas: Julio Iglesias debe recibir exactamente el mismo trato que cualquier otro ciudadano, tanto si se trata de un delito sexual como económico. En España una Infanta compareció ante un tribunal acusada de prácticas ilícitas junto a su marido, que cumplió años de condena de prisión; tenemos también un puñado de políticos y empresarios importantes que han pasado por prisión o que se encuentran en prisión.
En el resto del mundo no ha servido de nada su fama al ex príncipe Andrés de Inglaterra, al empresario Epstein, o al financiero Madoff. Los delitos se pagan. Y en el caso de los dos primeros, al tratarse de delitos del ámbito sexual, no solo penalmente sino también con el rechazo social. Tanto, que Epstein se suicidó en prisión. Julio Iglesias es una figura admirada, uno de los profesionales de la canción con mayor proyección internacional. Se ha codeado con las más grandes figuras del espectáculo y también de la política, y cuenta con amigos personales entre esas figuras. Se le ha vinculado siempre con el PP, incluso llegó a pedir el voto para el partido, pero eso no justifica que ahora, cuando se encuentra acusado de prácticas que producen un profundo rechazo, además de ser presuntamente delictivas, desde la izquierda se le trate ya como un violador y agresor sexual.
Que Más Madrid haya exigido a la presidenta del gobierno madrileño que le retire la medalla de la Comunidad es una falta de respeto a la justicia, a la que se debe dar un margen de tiempo hasta que tome las decisiones pertinentes según las investigaciones. Es además un auténtico disparate desde el punto de vista del comportamiento político, cuando estos deben dar ejemplo de sensatez ante situaciones que producen escándalo. Igualmente ha sido un despropósito la reacción de Isabel Díaz Ayuso, al decir que no participará en el “desprestigio” del “cantante más universal” de España e invita a poner el acento “en las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda”. El caso Julio Iglesias obliga a insistir en que todos somos iguales ante la ley, caiga quien caiga. Pero obliga también a actuar con sensatez ante un caso mediático de relevancia.
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