CAMINANDO a lomos de una crisis que ha derruido prácticamente las expectativas de su rival y de una oleada de opinión muy favorable, consolidada encuesta tras encuesta, el Partido Popular ha celebrado su convención nacional en Málaga con una doble escenificación: un chute de euforia en torno a la figura, antes discutida, de Mariano Rajoy, y una exhibición particular de la musculatura del PP andaluz, que ha organizado el evento desplegando el poderío, la influencia y el impacto mediático ganados legítimamente en las elecciones municipales de mayo. Al fondo, las elecciones generales del 20 de noviembre y también las andaluzas de marzo próximo. Lo que no se ha visto por ningún lado es algo que se pareciera a un programa de gobierno, es decir, los planes que tiene el PP para el momento en que los ciudadanos les concedan su respaldo para gobernar los próximos cuatro años. Apenas la aprobación de la cadena perpetua revisable para delitos graves, la reducción del número de cargos públicos electos y la elección por los jueces de buena parte del Consejo del Poder Judicial han sido los puntos concretos de la oferta electoral en los que se ha avanzado. Es realmente poco para las exigencias del periodo que se avecina. Faltan seis semanas para que los españoles acudan a las urnas y ya es tiempo de que quienes encarnan la alternativa al Gobierno actual les expliquen lo que van a hacer cuando les llegue el turno. Mariano Rajoy, dirigiéndose a una convención muy convencida y entregada, anunció a modo de recetario que España necesita ser gobernada desde la verdad, la valentía y la responsabilidad, entre otras cualidades que todos los españoles quizás firmarían. Es insoslayable que antes de entrar en la campaña propiamente dicha el candidato Rajoy empiece a detallar su verdad: lo que hará para combatir el paro y la crisis, controlar el déficit y fomentar el empleo, qué hará con los impuestos y con las administraciones públicas... En fin, ayudar, en lo que le toca, a que los ciudadanos sepan qué están votando.