Editorial

El gilismo, otra vez en el banquillo

LA Audiencia Nacional albergó ayer el inicio del juicio por el llamado caso Saqueo, uno de los más importantes procesos contra la corrupción urbanística que se han celebrado en España desde la instauración de la democracia y el más representativo de la práctica política del alcalde de Marbella en la década de los noventa, Jesús Gil y Gil, también presidente entonces del Atlético de Madrid. En el banquillo de los acusados se sientan el entonces asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, que fue conducido a la sala por la Guardia Civil por encontrarse en prisión preventiva por el caso Malaya, el asesor legal del Ayuntamiento marbellí encabezado por Gil, José Luis Sierra, y el contable de éste, Manuel Castel, entre otros. Entre la instrucción y el momento de la vista han fallecido los también procesados José Luis Jiménez, mano derecha en temas económicos de Jesús Gil, y este mismo (ambos se habían conocido cumpliendo condenas en la cárcel de Segovia), aunque sus herederos han sido declarados responsables civiles subsidiarios. Según la instrucción, los procesados, bajo la inspiración y dirección de Gil, organizaron una contabilidad B en el Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995 y crearon una serie de empresas municipales a las que, mediante la presentación de facturas falsas por trabajos no realizados y suministros ficticios con cargo a sociedades fantasma, vaciaron progresivamente. El saqueo organizado ascendió al equivalente a 36 millones de euros en la actualidad, que presuntamente se repartieron todos ellos en distinta proporción. Tras la resolución de las cuestiones previas planteadas ayer (el defensor de Roca, por ejemplo, solicitó que se pasara el caso al Tribunal de Cuentas), el juicio se reanudará el día 23, con el interrogatorio de los acusados. Aunque lamentando la tardanza habitual, la opinión pública se encuentra expectante acerca del desarrollo y desenlace de este caso, por la cuantía de lo defraudado y por su carácter paradigmático de un modo de hacer política que se impuso durante años en diversos municipios de la Costa del Sol, basado en la confusión entre los intereses públicos y los negocios privados.

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