Huelga general: ¿herramienta política?

El uso de la huelga general por motivos puramente políticos, ajenos a un conflicto laboral, suscita un intenso debate sobre sus límites legales y su legitimidad. ¿Es válido paralizar el país para protestar contra cuestiones de política exterior que no inciden directamente en el ámbito del trabajo? El marco legal es clave. El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga para “defensa de los intereses” de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, en sentencia 11/1981, amplió este concepto, validando huelgas contra políticas socioeconómicas del gobierno que afectan a los trabajadores (pensiones, desempleo…). Sin embargo, marcó una línea roja: son ilegales las huelgas “meramente políticas” cuyo fin sea subvertir el orden constitucional o alterar los poderes del Estado al margen de los cauces democráticos.

En los últimos tiempos, asistimos a un debate intenso sobre los límites de este derecho fundamental. ¿Qué ocurre cuando la convocatoria de una huelga general no responde a un conflicto laboral, a una negociación colectiva rota o a un incumplimiento empresarial, sino que se erige como dique de contención contra decisiones de naturaleza política o extraña al ámbito laboral? ¿Es legal y legítimo paralizar el país para protestar contra una situación que no incide directamente en el ámbito del trabajo? Esta distinción crea una compleja zona gris. Por un lado, es evidente que casi toda decisión política relevante tiene impacto, al menos indirecto, en la vida de los trabajadores, haciendo de la huelga una herramienta de participación democrática. Pero tambien es evidente el riesgo de instrumentalización, convirtiendo un derecho laboral en arma partidista, desnaturalizando su propósito y generando un grave perjuicio económico y social. Se sostiene que para la protesta política existen otros cauces, como las manifestaciones o las elecciones. En mi opinión, aunque la legalidad pueda ser interpretable, la legitimidad democrática es más clara. Una huelga general es legítima cuando el colectivo de trabajadores se ve directamente afectado por políticas que menoscaban condiciones de vida y de trabajo. Cuando se convierte en excusa para librar batallas políticas que corresponden al Parlamento y a las urnas, se erosiona la confianza en uno de los pilares del Estado de derecho. La pregunta, por tanto, no es si se puede, sino si se debe. Y aún peor, si debemos soportar los eventuales perjuicios económicos imputables a su ejercicio.