Los datos de 2019 señalan que 50 empresas granadinas se declararon insolventes, estando gran parte de estas entidades en quiebra dentro del sector de la construcción. A su vez, estos días se ha dictado la resolución por la que una de las principales empresas granadinas dedicadas a la edificación, con más de seis décadas de experiencia, ha entrado en concurso de acreedores. Son dos indicadores que señalan que la construcción vuelve a estar en entredicho tras haber pasado el tramo más duro de la crisis y años durísimos en el que el ladrillazo fue derribando a auténticos gigantes y desmoronando un sector tal y como lo conocíamos. En cualquier caso, es importante que empresarios y entidades públicas se pongan las pilas en este sentido porque la culpa se reparte entre ambos y las instituciones que tardan siglos en pagar o buscan el canchullo siguen perpetuándose y es una prueba de que no hemos aprendido nada. A la vez, muchos constructores son los culpables de embarcarse en proyectos por los que luego acaban arruinando a proveedores que han hecho su trabajo debidamente. Una pena.