¿Negligencia o estrategia?

La defensa de Pedro Sánchez sobre la gestión de los casos de agresión sexual, incluido el exasesor Paco Salazar, ha suscitado una seria controversia. Aludiendo “error en la velocidad” y “falta de recursos”, Sánchez relega la tardanza a una deficiencia administrativa. Sin embargo, no disimula la decisión cuestionable del partido: no denunciar los hechos a la Fiscalía, limitándose a ofrecer apoyo a las denunciantes si emprenden la vía judicial. Esta inacción de un partido adalid del feminismo, adquiere tintes de estrategia política que prioriza la imagen socialista y la de sus cargos sobre la justicia de las víctimas.

Estamos ante una dolosa pasividad del PSOE frente a un presunto delito grave. Sánchez niega “voluntad de encubrir” al investigado. Pero recurrir a un protocolo interno, y dejarlo todo en manos de la denuncia privada, choca con el principio de “tolerancia cero”. Un protocolo de partido, por exhaustivo que sea, es insuficiente ante conductas de apariencia delictiva. Más cuando afectan a cargos ligados al poder institucional. Esta elusión de la responsabilidad ética y política genera dudas sobre su compromiso con la protección de las víctimas.

La omisión socialista, suscita una pregunta: ¿Tiene la Fiscalía obligación de actuar de oficio ante hechos publicados en los medios, aunque no haya denuncia? La respuesta es incuestionable: puede y debe intervenir. La Constitución establece su obligación de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. El proceso penal impone a la Fiscalía el deber de iniciar diligencias de investigación tan pronto como conozca un hecho que revista caracteres de delito público, como es la agresión sexual.

La información que ha trascendido constituye una notitia criminis de entidad suficiente para que Fiscalía abra diligencias de investigación. No tiene que esperar la denuncia. Si desea preservar su credibilidad, al margen de la dependencia jerárquica a la que pueda estar sometida, tiene la obligación de intervenir de oficio. Su actuación debe garantizar que se investigue si ha habido o no un delito, asegurando la protección del interés público y los derechos de las víctimas, que prevalecen sobre los intereses de cualquier partido. Si el Ministerio Fiscal decide mantener la pasividad ante indicios públicos, estará socavando su propia autonomía y su compromiso real y efectivo frente al Estado de derecho.