Peramato llega “contaminada” a la Fiscalía General

Sus compañeros hablan de ella como una fiscal de larga trayectoria, que ha ejercido su profesión con integridad y que conoce perfectamente la situación actual de la Justicia española. Situación muy crispada por interferencias políticas que jamás tendrían que haberse producido. Teresa Peramato es fiscal de Sala del Supremo y pertenece a la Asociación progresista de fiscales, lo que no escandaliza a nadie. Es habitual que el Gobierno que nombra al fiscal general intente que sea de su cuerda.

Lo que preocupa es que lo ocurrido con Álvaro García Ortiz pueda afectar al sentimiento con el que se recibe a la nueva fiscal general y se analicen minuciosamente sus primeras decisiones.

Se ha sabido ahora que hace tiempo que el ex fiscal general trasladó al ministro de Justicia su intención de dimitir. Y no le fue permitida por Bolaños ni, presumiblemente, por el propio presidente. Para sus detractores, es la prueba de que durante los años que ocupó el cargo más relevante al que puede llegar un fiscal, pesó más su obediencia al Gobierno y a los intereses de éste que el cumplimiento estricto de lo que se espera de una autoridad. Lo que podría explicar que en determinados círculos conservadores de la Fiscalía, y de la oposición al Ejecutivo, se vayan a examinar con lupa las iniciativas de Peramato para ver si da prioridad a los mensajes de Moncloa o al ejercicio de su cargo con el debido rigor profesional.

Teresa Peramato llega a la Fiscalía con una biografía limpia, de mujer eficaz que ha ejercido su profesión durante más de treinta años con una actitud libre de sospechas tendenciosas. No ayuda, a la hora de iniciar su mandato, la repulsa de destacados miembros del Gobierno –incluido Pedro Sánchez– hacia el fallo condenatorio del Supremo a García Ortiz. Algunas de sus declaraciones rozan el delito, como la de la vicepresidenta Yolanda Díaz alentando manifestaciones y movilizaciones sociales contra el Tribunal Supremo.

La crispación es máxima, y el choque entre Gobierno y Tribunal Supremo no se había vivido nunca con la actual virulencia. La nueva fiscal general, por el bien de la salud democrática, tendría que poner todo su empeño en aportar serenidad en un clima de tensión del que no puede salir nada bueno. La independencia entre los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es la base de la democracia y de la convivencia. Los españoles no pueden permitirse que las relaciones institucionales estén envenenadas por dirigentes que anteponen sus intereses políticos y personales a la responsabilidad a la que les obligan sus importantes cargos.