Ayer, día internacional de la mujer, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó el anteproyecto de Ley integral contra la trata, con el objetivo de proteger a muchas víctimas de los enormes abusos a los que son sometidas por grupos de delincuentes que actúan con la máxima crueldad.

Es de agradecer que el Gobierno haya rescatado este anteproyecto que quedó pendiente de la legislatura anterior porque, con ello, permite retomar el necesario debate social para hacer posible una Ley que es totalmente necesaria y, también, para trabajar en la mayor concienciación social sobre un problema que debe tener el rechazo total de la ciudadanía.

La trata de personas es algo que afecta en especial a las mujeres más vulnerables (especialmente extranjeras inmigrantes) y supone una situación de vulneración de los derechos humanos, que es absolutamente rechazable e inaceptable. Y es que la trata de personas supone la explotación sexual, la explotación con fines de trabajo forzoso, de servidumbre doméstica o, incluso, mendicidad infantil.

En España, el balance del periodo 2018-2022 realizado por el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y crimen organizado (CITCO) adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, evidenció un incremento de casos superior al 20%.

Lo que estos datos evidencian es (también) una realidad de cierta aceptación social, bien sea porque miramos hacia otro lado, bien sea porque la prostitución (que se nutre en gran medida de mujeres obligadas y sometidas por mafias de la trata) sigue presente como una realidad que tiene demanda por parte de muchos hombres en las calles y en los locales de nuestras ciudades.

Y es que contra la trata hace falta una Ley específica y muchos recursos para la prevención, la persecución y el castigo, así como para informar, formar y hacer pedagogía para reforzar los valores de respeto a los derechos humanos que deben caracterizar a una sociedad avanzada. Porque la lucha frente a la trata requiere de la colaboración activa de la sociedad.

Cuando consigamos que a nadie le resulte indiferente la prostitución, la explotación laboral y otras de las consecuencias de la trata, podremos decir que hemos ganado la batalla. Mientras tanto, manos a la obra y a implicarse en este debate que se abre a partir de esta acertada decisión del Consejo de Ministros.