Una pequeña isla en medio de un mar de enfrentamientos y crispación. Los dos grandes partidos que sustentan el sistema democrático se han puesto de acuerdo para arrancar por la vía más rápida la reforma del artículo 49 de la Constitución, que va a cambiar la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” por la de “personas con discapacidad”. Una modificación que no deja de ser estética y que supone la eliminación de un redactado que ya no estaba en consonancia con la percepción social de esa situación. Aun así, ha costado tiempo y trabajo el acuerdo. Bienvenido sea por la pertinencia del mismo, pero también porque permite abrigar la esperanza de que se pueden abrir vías de diálogo que saquen al país del marasmo político en el que se halla inmerso. Cuando hay voluntad es posible desbrozar el camino para alcanzar consensos sin que ello tenga que significar que hay vencedores y vencidos. Si se ha podido hacer para mejorar un artículo de la Constitución que se había quedado obsoleto, cabe preguntarse si no se puede hacer lo mismo para evitar que la gobernación del país quede en manos de fuerzas cuyos objetivos declarados pasan por el desarme del Estado y la ruptura de la cohesión nacional. Los que pierden con esta situación son los españoles, que asisten atónitos a una escalada de exigencias por parte de los separatistas catalanes y de concesiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ojalá el acuerdo que ha permitido cambiar la redacción sobre la discapacidad sirviera para que las dos fuerzas sistémicas reflexionaran sobre a dónde han llevado las políticas de polarización que ambas han aplicado. No cabe albergar muchas esperanzas al respecto, aunque los caminos por los que se está adentrando la actual legislatura ponen de relieve que la búsqueda de acuerdos se hace más necesaria que nunca.