El voto de Dani

Dani es Daniel García, mi hijo. Tiene 28 años y nació con síndrome de Down. Daniel ha votado en todas las elecciones que se han celebrado desde que es mayor de edad. Algunos de sus compañeros y amigos no podían hacerlo porque estaban incapacitados, hasta que el Gobierno decidió que no se les puede negar ese derecho. Sin embargo, la Junta Electoral Central ha dicho que ese voto no es fiable, y expresamente ha dado a los interventores de los partidos y a otras personas el derecho a poner en duda la conciencia de nuestros hijos y hacerlo constar en acta, si consideran que no votan "de forma consciente, libre y voluntaria". Las protestas de nuestras asociaciones han sido en vano: la JEC ha decidido mantener su particular criterio, que no sólo es un escándalo y una humillación, sino también un despropósito jurídico.

Lo que conocemos familiarmente como incapacitación es un procedimiento judicial llamado en realidad Rehabilitación de la Patria Potestad, y como su nombre indica consiste en que un juez decreta que el afectado, por ejemplo nuestros hijos cuando se hacen mayores de edad al cumplir 18 años, pierdan sus derechos civiles y vuelvan a ser menores a todos los efectos, tutelados de nuevo por la familia, de ahí la rimbombante alusión a la patria potestad. Es un proceso judicial en el que, aunque parezca mentira, son los padres quienes demandan a su hijo/a, para arrebatarle esos derechos. Incluso se celebra una vista formal, en la que la familia declara contra los derechos de su descendiente, pidiendo al juez que se los quite. Es un proceso, eso sí, controlado en todo momento, como debe ser, por el fiscal, en tanto máximo defensor de la legalidad pública. Aunque al final acaba como acaba, con una persona privada de su ciudadanía.

Este mecanismo tan tajante era el procedimiento brutal que el consenso social admitía con naturalidad, hasta hace bien poco, como único medio de que las familias dieran a las personas discapacitadas protección frente a sí mismos, ante el peligro de que influenciados por terceros pudieran tomar decisiones erróneas, por ejemplo regalarle sus bienes a un estafador. Era, para que se entienda, como impedir por las bravas que a un anciano con no muchas luces le vendieran participaciones en entidades bancarias que a la larga resultarían ruinosas. ¿Les va sonando?

En su momento, en nuestra familia, al igual que otras muchas, también recurrimos a este mecanismo. Pero al abordar el procedimiento pensamos que la vuelta a la infancia no cuadraba con nuestra percepción de la personalidad de Dani y sus capacidades. En nuestra familia, la política es una faceta importante de la vida y nuestro hijo participa activa y conscientemente de estos asuntos. Como en otros tantos de su vida.

Por eso planteamos en el juzgado que a nuestro entender no había razón alguna para privar a Dani de sus derechos en un terreno, como el político, en el que se mueve con tanta soltura, y menos que nada para privarle de la capacidad de voto. En la vista, la juez que presidía el tribunal nos pidió que explicáramos nuestra postura, así lo hicimos y aceptó nuestro planteamiento. Por eso Dani puede votar.

El consenso social está variando hacia una actitud más humana y más acorde con un Estado de Derecho. De este modo, recientemente se difundió un borrador de proyecto de ley en el que, desechando el brutal procedimiento de la inhabilitación, se pretende que los planes de protección de nuestros hijos partan del reconocimiento pleno de sus derechos en todos los campos, y a partir de ahí se puedan adoptar medidas cautelares que ayuden a estas personas a proteger sus vidas, pero que menoscaben lo mínimo posible su condición de personas. En suma, hacer un traje a medida en lugar de la vuelta a la infancia.

De este cambio en el consenso social salió también la decisión del Gobierno de que los discapacitados sean incluidos en el censo electoral y por tanto puedan ejercer su derecho al voto como cualquiera. De este modo podrían ir a votar tranquilamente, no sólo Dani, sino todos sus compañeros y amigos. También Álex, José María, Paloma, Nacho, Cristina, Julio, David... Toda la pandilla. Se trata, en fin, de superar una situación que se había quedado vieja y debe ser sustituida por otra legalidad, más acorde con el mundo del siglo XXI.

Sin embargo, la Junta Electoral ha decidido que está por encima del mundo, y que el voto de nuestros hijos es simplemente dudoso, anteponiendo un prejuicio poco reflexivo a todos los dictámenes y decisiones informadas, cautelosas, profesionales, que querían permitir la normalización. Y con ello le han dado una herramienta peligrosa a cualquier extremista que quiera cargarse la urna utilizando como excusa a Dani.