El sindicato mayoritario en la Administración Pública (CSIF) en Granada denuncia el retraso en la gestión de las prestaciones  para cubrir vacantes, como consecuencia de la falta de personal, motivo por el que anuncian movilizaciones en la Seguridad Social. 

Según reseñan desde el sindicato, en los últimos meses, con motivo de la crisis, las listas de espera para ser atendido se sitúan en los tres meses y el cobro de prestaciones se retrasa una media de 3-4 meses desde que se realiza la solicitud. La ciudadanía no accede en tiempo y forma a gestiones sobre su pensión pública, vidas laborales, ingreso mínimo vital o cualesquier otro trámite con la Seguridad Social. Por su parte, la plantilla que trabaja en este organismo tiene un déficit a nivel nacional de 7.468 puestos de trabajo que están sin cubrir -hay 24.298 personas pese a que las plazas reconocidas en la RTP son 31.766-. Además, en el plazo de 5 años se jubilará el 28,5% de la plantilla actual y en 10 años se jubilará un 36,08% adicional; es decir, casi dos tercios de la plantilla actual, por lo que el organismo colapsará.

La situación en la provincia de Granada es similar a la del resto del país, tal como reconoce el responsable de Administración General del Estado de CSIF Granada, Ismael Ramón García, que subraya que "en ningún caso esta situación es atribuible al personal comprometido que presta sus servicios en la Seguridad Social, sino a una política de personal que se ha centrado en ocupar al mínimo las relaciones de puestos de trabajo y en agravar el déficit estructural de personal". De este modo, en las oficinas de la provincia pertenecientes al Instituto Nacional y a la Tesorería General de la Seguridad Social el 7% de plazas del cuerpo de funcionarios está sin cubrir mientras que este porcentaje se eleva hasta el 33% en el caso del personal laboral. Además, "la media de la plantilla de la provincia supera los 50 años de edad con lo cual en un plazo de 5 años nos tememos que las jubilaciones vengan a tensionar aún más este déficit".

CSIF considera que, el denominado Escudo Social del Gobierno, se ve seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos de los últimos años, ante la escalada de los precios, la crisis energética, la desaceleración y el empobrecimiento de las personas. Por eso se hace necesario un plan de choque con la contratación urgente de personal interino, dado que las ofertas de empleo público tardan una media de 2 años en resolverse.

La Central Sindical exige una reunión urgente con el Gobierno para abordar la repercusión de la crisis en las administraciones públicas, promoviendo un acuerdo que blinde a administraciones y servicios públicos ante las medidas económicas que previsiblemente se van a adoptar. Consideramos urgente realizar un plan de recursos humanos para reforzar ámbitos clave del Estado del Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia), así como áreas sensibles como el SEPE, la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, Fomento, Comunicaciones, Investigación, entre otros.