El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado a favor de la Administración regional en el caso de una reclamación patrimonial de más de 152.000 euros por los daños causados por unas cabras montesas en una finca de Granada. El dictamen determina que “ha de concluirse que las cabras no proceden de terrenos propiedad de la Junta de Andalucía”, por lo que dictamina a favor de desestimar la reclamación tramitada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El interesado solicitó 152.975,97 euros “por los daños sufridos en las cosechas agrícolas correspondientes a la campaña de 2017/2018”, señala el dictamen. La reclamación se presentó el 18 de octubre de 2018. En su reclamación, el demandante atribuye subsidiariamente “al propietario del terreno de donde procedan los animales causantes del daño” la responsabilidad. En este caso, apunta a la Administración. El Consultivo recuerda que “los titulares de aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños causados”. Una vez determinado esto, el dictamen entra a analizar si las cabras son, o no, ‘residentes’ en el monte público.

El reclamante aduce que los animales proceden del Cerro Mencal y zonas próximas que son gestionadas por la Junta. Sin embargo, los letrados recuerdan que ese terreno es titularidad del Ayuntamiento de Pedro Martínez y que no hay ningún monte público ni aprovechamiento cinegético que sea de la Administración regional en las inmediaciones de la finca del agricultor. Éste también relaciona los daños en sus cosechas con la “superpoblación” de cabras. Esto, según argumenta, se debe a la “inadecuada gestión que se hace por la Junta de los permisos” para cazar.

El Consultivo responde que según los datos de la Delegación territorial, no se ha abatido ningún animal en los cotos colindantes a los cultivos dañados. “E incluso dos de ellos reportan la no presencia de este animal de forma temporal o permanente”. Se destaca además que “el reclamante no ha solicitado la adopción de medidas extraordinarias ante, según su criterio, la superpoblación de cabras”, por lo que, finalmente, se determina que el daño “no es imputable a la Administración”.