El alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz Amador (PP), ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de seguir financiando una casa de acogida "ilegal", que debía estar ya clausurada,  y de querer abrir otra más en esta localidad granadina.

A través de un comunicado, Fernández-Sanz ha criticado la forma de actuar de la Junta en la gestión de las casas de acogida que funcionan actualmente en la localidad.

En concreto se ha referido a una de ellas que, según el regidor, debería haberse clausurado el pasado 29 de octubre de 2008, cuando se dictó una resolución municipal en la que se ordenaba a la Asociación Eleva Apromen el cese inmediato de la actividad en el Centro de Menores por incumplimiento de un artículo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Según el Ayuntamiento, la casa sigue funcionando, financiada por la Junta de Andalucía, que ha hecho "caso omiso" a la resolución de la Alcaldía, así como al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada que denegaba el recurso interpuesto por la citada asociación, encargada de la gestión del centro, para que éste continuara abierto.

"Tras numerosas visitas de la Policía Local de Otura se ha podido comprobar que han ignorado tanto la orden de cese de actividad como el requerimiento de desalojo en el plazo de 48 horas, de los menores y personal de trabajo que se le interpuso en enero de este año", ha señalado.

El alcalde ha calificado de "irresponsable" e "incoherente" la reacción de la administración autonómica ante un asunto "tan delicado" y ha solicitado a la delegada provincial de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Magdalena Sánchez, el realojo de los menores y trabajadores en otros centros de la provincia.

Fernández-Sanz ha anunciado que, si no se toman medidas en los próximos días, denunciará ante la Fiscalía a la delegada provincial por un presunto delito de prevaricación.