Provincia

Un juez anula el convenio de Río Seco que anticipó 3 millones al municipio

  • El PP advierte de que el municipio se enfrenta a pérdidas de varios cientos de millones

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ha anulado el convenio de gestión del sector de Río Seco, firmado entre el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, y los promotores del sector, por el que el Ayuntamiento cobró más de 3 millones de euros, según el PP.

Los populares impugnaron ante los tribunales 24 convenios de gestión suscritos por Benavides con distintos promotores y propietarios de suelo en los que el Consistorio cobraba por adelantado el 5 por ciento de las cantidades previstas por la venta de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponderán al municipio con la aprobación del futuro PGOU.

La Comunidad de Regantes de Río Verde y otros particulares impugnaron igualmente otros tres convenios, el de Río Verde, el de Río Seco y el de La Sandovala.

Aunque los juzgados han archivado los procedimientos instados por el PP, argumentando que no tiene legitimación activa por no ser propietario, dichas resoluciones están recurridas y en apelación ya hay sentencias favorables.

El PP mostró su satisfacción ya que la sentencia recoge y acepta "uno por uno" todos los argumentos que el partido ha expuesto desde 2.005 en contra de la conveniencia de dichos convenios.

Según el PP, la sentencia recoge que es claro que el convenio de gestión impugnado carece de cobertura con el actual PGOU, tratando de gestionar o ejecutar un planeamiento no aprobado, y que los convenios de gestión solo pueden suscribirse sobre terrenos que estén en un planeamiento ya aprobado.

Además, rechaza las pretensiones del Consistorio de considerar el convenio como de planeamiento, ya que, si así fuera los acuerdos económicos actuales y de inmediata efectividad y no futuros o meramente preparatorios serían contrarios al espíritu y finalidad de los artículos 95, 30 y 57 de la LOUA.

Debe tenerse también en cuenta que si fuera un convenio de planeamiento debería estar aprobado por el pleno y no por una resolución de alcaldía, incurriendo así en causa de nulidad de pleno derecho por ser un acto dictado por órgano incompetente.

El PP denunció que los convenios firmados por Benavides pueden costarle al municipio varios cientos de millones de euros en pérdidas.

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