La explosión de la burbuja inmobiliaria: una onda expansiva que dura dos décadas en Granada

Fue la época de las vacas gordas, del boom inmobiliario, y de una burbuja que estalló en 2008 pero que vivía a tutiplén hace veinte años. Aquellos desmanes urbanísticos, en los que se basó buena parte de la expansión de los municipios del Área Metropolitana de Granada, siguen teniendo dos décadas más tarde consecuencias para empresarios y ayuntamientos que no obraron como debían en su día. Ejemplo de esto es la última sentencia de la sala de lo contencioso administrativo número 3 de Granada, que ha condenado al Ayuntamiento de Las Gabias a pagar 1,26 millones de euros a Inmobiliaria Solenco SL por el "incumplimiento de los convenios urbanísticos" firmados en 2007 y modificados en 2013. Sumados a otras tres sentencias previas, el Consistorio ya supera los 3 millones en sentencias derivadas de los años del ladrillazo.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Las Gabias para evitar la devolución de 1.258.912,04 euros mas intereses legales a la Inmobiliaria Solenco SL, la cual había pagado al consistorio esa cantidad a cambio del 10% de aprovechamiento del llamado Plan Parcial 7, que sin embargo, el municipio nunca llegó a desarrollar, lo que perjudicaba a la empresa. En los terrenos situados en Cuesta Blanquilla y el Camino de los Corsarios se pretendían levantar hasta un millar de viviendas. Y no se queda ahí. El mismo Consistorio ha sido condenado a pagos de 559.406,8 euros por un convenio urbanístico de 2004; 389.871,78 euros y 270.429,08 euros por otros dos firmados en 2005, que sitúan la cifra por encima de los tres millones de euros.

Jurisprudencia

Todos estos convenios estaban supeditados a un PGOU que no llegó a aprobarse. Aparte de este Plan Parcial 7 también resultaron fallidos el llamado Pedro Verde, Campo de Golf, o en los que se sitúan en la actualidad el Pabellón y las Piscinas Municipales de Las Gabias. Por los años referidos de estas sentencias, en el Ayuntamiento gabirro gobernaban Javier Aragón, que estuvo entre 1999 y 2008, y tras la salida de este a la delegación de Medio Ambiente de la Junta, Vanessa Polo, ambos del PSOE, hasta la salida de esta última en 2019, cuando no se presentó a la reelección.

En la sentencia de apelación del TSJA, alude a otra jurisprudencia sobre la naturaleza jurídisca de los convenios urbanísticos a nivel nacional. Los años a los que se refieren esos casos: 2008, 2011 y 2012, los años donde empezaron a salir todas las irregularidades de aquellos años. Principalmente la del 13 de junio de 2011, que dice que "los convenios urbanísticos tienen naturaleza contractual (...), y que deben asumir, por reciprocidad, las obligaciones inherentes a dichas actuaciones", en especial "si ello es consecuencia de un convenio celebrado". Es decir, que salvo que medie una nulidad en la forma, todos los ayuntamientos con convenios no desarrollados y que, por ello, hayan perjudicado a la parte privada, tendrán que devolver el dinero recibido o pagado.

Caso Las Gabias

Según el actual gobierno, todas estas condenas, que "llevan el sello socialista", "se han ido sucediendo año tras año, comprometiendo gravemente la estabilidad económica del Ayuntamiento y frenando oportunidades de inversión en la ciudad" tal y como ha declarado Javier Bravo, primer teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno municipal de Las Gabias.

Bravo ha sido contundente al valorar esta nueva sentencia y su impacto en las cuentas públicas: “Esta nueva condena es otra muestra de la herencia envenenada que dejó el gobierno socialista en Las Gabias. Convenios irresponsables, proyectos que nunca se ejecutaron, permutas ilegales y decisiones temerarias que hoy suponen un agujero millonario para todos los gabirros".

El portavoz municipal ha lamentado que estas actuaciones, realizadas en mandatos anteriores, sigan hipotecando el presente y el futuro de la ciudad: “Como gabirro, siento vergüenza de la incompetencia demostrada por quienes gobernaron antes. Y como portavoz del Gobierno municipal del Partido Popular, puedo asegurar que estamos trabajando sin descanso para revertir esta situación y sanear las cuentas de este Ayuntamiento.”

Finalmente, Bravo ha reafirmado el compromiso del gobierno municipal con el crecimiento ordenado de una ciudad que casi supera los 25.000 habitantes. “Las Gabias es una gran ciudad que exige gestores a la altura. Nuestra obligación es proteger su economía, garantizar su estabilidad y asegurar que cada euro se destine a mejorar los servicios públicos, no a pagar la irresponsabilidad y la negligencia del socialismo", ha dicho.