Un mar de placas solares: Ecologistas en Acción ve en la proliferación de plantas fotovoltaicas uno de los "principales factores de transformación del paisaje"
La organización presenta una serie de alegaciones a los dos instalaciones que se plantean construir en Padul
Dos arqueólogos alertan de la presencia de restos "inéditos" en el lugar del proyecto de megaplanta fotovoltaica de El Fargue
La instalación de plantas fotovoltaicas en Granada sigue ganando detractores. Ahora, ha sido Ecologistas en Acción quien ha presentado una serie de alegaciones contra las dos plantas que prevén levantarse en Padul, sometido a información pública, enumera una serie de inconvenientes a la proliferación de estas infraestructuras, que califica como "uno de los principales factores de transformación del paisaje", similares al mar de plástico que crean los invernaderos, según consta en las alegaciones realizadas por esta organización ante la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y consultada por este periódico.
Aunque Ecologistas reconoce que estas instalaciones "están llamadas a tener un lugar en la necesaria transición ecológica", al estar relacionadas a un proyecto de reducción de gases de efecto invernadero, puntualiza que no se debe atribuir al proyecto un impacto ambiental positivo sobre el empleo o la economía sin considerar previamente la "merma en la actividad agrícola", pues a su juicio estos proyectos alteran gravemente el valor productivo y paisajístico de una zona, "ocasionando una disminución de puestos de trabajo".
En sus alegaciones, los ecologistas aseguran que la instalación de placas fotovoltaicas supone una expropiación de los terrenos agrícolas a sus propietarios, "privándolos de su medio de vida" y condenándolos a la emigración, por lo que tendrá también un efecto en la despoblación. Según los datos que ofrece la propia organización, se pierden aproximadamente 3,5 puestos de trabajo por cada cien hectáreas ocupadas por plantas fotovoltaicas.
Además del asunto agrario, las reclamaciones de Ecologistas en Acción también tienen en cuenta el impacto en la biodiversidad de la zona, considerando que un la instalación de las dos plantas que se prevén en Padul supondrían una "afección significativa sobre el medio ambiente", especialmente a la fauna de la zona.
Así, citando a colectivos de la zona "conocedores al detalle de las circunstancias" de ambas plantas, la organización denuncia que no se respetan los condicionantes de excepción de parcelas para aves esteparias y rapaces protegidas y adjunta en el documento de alegaciones un listado de más de medio centenar de aves, además de reptiles, mamíferos y anfibios que habitan en los alrededores.
Para los ecologistas, los cierres perimetrales y tendidos eléctricos que traen aparejados las plantas fotovoltaicas impactan sobre el libre movimiento de grandes aves, citando algunas como el sisón común de la provincia, considerado en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazas como "en peligro", puesto que su población ha sufrido un descenso cercano al 70% en los últimos años, según datos ofrecidos por Ecologistas en Acción en sus alegaciones.
Una planificación "estricta" por parte de la Junta
Son en total trece las alegaciones que ha presentado ante Medio Ambiente, tras las que se enumera una serie de sugerencias para tratar de aunar esa necesaria transición ecológica con la supervivencia de la fauna y flora. Una de las principales es que la Junta de Andalucía realice una planificación, ordenación y regulación "estricta" de la energía fotovoltaica, limitando la superficie máxima para estas instalaciones como paso previo para evitar la "concentración excesiva de los impactos negativos en el territorio".
También piden al Gobierno autonómico identificar y describir los posibles efectos significativos de las plantas fotovoltaicas sobre el medio ambiente, lo cual obligaría a "identificar todas las plantas fotovoltaicas existentes" en la comarca, ya sea autorizadas o aún en fase de tramitación y a un análisis único de todos esos impactos.
Por último, Ecologistas en Acción solicita a la Junta que se valore la opción de no ejecutar el proyecto, sumándose así a otros ya cancelados, como la de la Vega de Granada, y que se considere este emplazamiento como incompatible con la normativa de ordenación territorial y de conservación ambiental vigente.
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