Educación

Imbroda achaca al delegado el revuelo por la supresión de la ESO en centros de Granada

  • El consejero de Educación dice "es una comunicación que quizás no ha estado demasiado acertada por su parte"

52 centros escolares se pueden ver afectados en la provincia 52 centros escolares se pueden ver afectados en la provincia

52 centros escolares se pueden ver afectados en la provincia / G. H.

El anuncio de la supresión de los itinerarios de la ESO en 52 colegios de pueblos de la provincia de Granada se ha convertido en elemento de refriega política a nivel andaluz durante el fin de semana, aunque la principal es que el consejero de Educación, Javier Imbroda apuntó a un error en las formas de comunicación del delegado en Granada, Antonio Jesús Castillo, el revuelo formado.

La portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista, Beatriz Rubiño, calificó como "sinsentido" que el Gobierno andaluz cierre colegios rurales en Granada y a la vez el Parlamento cree un grupo de trabajo para luchar contra la despoblación.

Rubiño dijo que le parece "especialmente grave" la supresión de centros de educación Infantil y Primaria que cuentan con los dos primeros cursos de Secundaria, especialmente en Granada, lo que va a afectar a 52 centros y 700 niños que tendrán que desplazarse a otros municipios.

Además, criticó el llamamiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a otras administraciones públicas, tanto ayuntamientos como Diputación, para que colaboren desde el punto de vista económico a mantener líneas educativas.

Los sindicatos Ustea y CGT y la asociación Fampa Alhambra han convocado una manifestación contra la medida para el jueves a las once de la mañana

La dirigente socialista recordó a Moreno que la Diputación de Granada "no tiene competencias" en la materia, algo que si desconoce demuestra "una vez más la ineptitud a la hora de gestionar los servicios públicos en Andalucía".

Tardó poco en encontrar respuesta por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo hizo el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), quien indicó desde Málaga que lo que se ha hecho "es recoger una inquietud de familias y profesores" y "no es fruto de ninguna ocurrencia ni parte de la Consejería sino de la escucha a la comunidad educativa".

Imbroda dijo apuntó que cada situación "se analiza" porque "cada pueblo tiene su particularidad", y que esto se hace "junto a las familias y los claustros de profesores", añadiendo que las críticas de las Ampas “no han ocurrido en ningún otro sitio de Andalucía más que en Granada".

Al respecto, el consejero cree que lo que ocurrido "es una comunicación que quizás no ha estado demasiado acertada por parte del delegado de Granada", y señaló que mañana habrá una reunión "para clarificar junto a él todos los pasos que estamos dando en ese análisis diagnóstico de la situación".

El consejero de Educación se reunirá el martes con su delegado en Granada "para clarificar juntotodos los pasos que estamos dando en ese análisis diagnóstico de la situación"

"Que no teman por las escuelas rurales", dijo por su parte a los socialistas: "Este gobierno apuesta por mantener las escuelas rurales que es una de las claves para mantener la población". Sin embargo, Imbroda apuntó a que van "a racionalizar, sobre todo pensando en los niños," y preguntó a Rubiño “si le parece bien que haya un aula con dos niños y cinco profesores”.

También este fin de semana se expresó la diputada y coordinadora provincial de Izquierda Unida Granada, Mari Carmen Pérez, quien tildó de "ridícula" la gestión que están manteniendo Juanma Moreno y el delegado de Educación en Granada, Antonio Jesús Castillo de este asunto: "El gobierno de las provincias lo nombra el Gobierno de Andalucía, por lo que si no comparten los criterios y se están contradiciendo entre ellos para ver quién queda mejor o peor, solo evidencian que van como pollos sin cabeza ante un problema muy serio que afecta a más de 600 menores de la provincia".

Y ya se anuncian movilizaciones en las calles. La primera para el jueves a las 11:00 convocada por Ustea, CGT y Fampa Alhambra.

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