La Sección Quinta de la Sala Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto en una sentencia condenar a la Generalitat a pagar 80,9 millones de euros a Renfe por la ampliación de los servicios de Cercanías que se han ido creando a petición del gobierno catalán en los últimos años, tras el traspaso de 2010.

La compañía reclamó este importe al departamento de Territori pero éste no lo ha abonado argumentando que buena parte del coste corresponde al canon ferroviario que se paga por circular por la infrasestructura de Adif, y que es competenciopa del ministerio de Transporte. La sentencia no es firme y admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.