Entre los ocho taxistas se encuentra el presidente de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde. La juez les acusa de "empujar" a los asistentes al acto electoral e insultarles, provocando la suspensión del mitin de la candidata socialista.

Cree necesaria una ley nacional para solucionar el conflicto.

Los taxistas se acogen a su derecho a no declarar y pedirán el archivo porque entienden que no hubo ningún acto violento en la protesta, dado que la candidata socialista pudo haber entrado por los camerinos pero no encontró la llave el personal del teatro.

Su propuesta contempla crear estaciones de VTC en el perímetro de las ciudades a las que deben volver si no tienen otro servicio precontratado. Y que los taxis den un precio cerrado y los usuarios puedan compartir trayecto pagando por plaza.