Médicos de atención primaria han instado este martes a impulsar estrategias que reduzcan la prescripción de psicofármacos ante "situaciones de la vida cotidiana" y frenar así el uso prolongado de benzodiacepinas para ansiedad o insomnio, especialmente entre adolescentes.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha alertado del "preocupante aumento" de consultas de adolescentes con síntomas psiquiátricos y/o psicológicos o por intoxicaciones múltiples derivadas de un mayor acceso a psicofármacos por "el aumento de la prescripción, tanto para ellos como para sus familiares".

España es el país de mayor consumo de benzodiacepinas del mundo; según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias Estudes, los tranquilizantes y somníferos son la cuarta sustancia más usada por personas de entre 14 y 18 años, las cifras más elevadas de consumo desde que existen registros.

Durante los 18 años que se ha hecho este estudio, el uso de tranquilizantes en los menores de 30 años se ha triplicado, aunque son los mayores de 65 los que lideran la demanda, denuncia semFYC, que insiste en la necesidad de fomentar el tratamiento no farmacológico.

El Catálogo "No Hacer" de Guiasalud en España ha incorporado la recomendación de no recetar benzodiacepinas en chicos de 10 a 21 años ante problemas de ansiedad o insomnio, exceptuando los problemas neurológicos o psiquiátricos graves, porque en ellos estos fármacos tienen "más posibles efectos adversos secundarios indeseables que los beneficios que se obtienen".

Señales de alerta

Según la Asociación Española de Enfermería en Salud Mental (Aeesme), desde la pandemia, la mitad de la población necesita ayuda y se ha triplicado el número de adolescentes que recurre a las consultas.

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha querido poner el foco en el aumento de suicidios en los últimos años hasta llegar a los 4.097 en 2022, de los que 345 eran menores de 30 años, 72 adolescentes de 15 a 19 años y 12 niños de 10 a 14. La cifra en adolescentes se incrementó así un 35% con respecto a 2021.

Por eso, el CGE ha detallado en un vídeo las 13 señales que alertan de una ideación suicida -como pérdida de interés e irritabilidad frecuente, el inicio o aumento del consumo de alcohol y drogas o el descuido de la higiene personal y el abandono del aspecto físico- emplazando a acudir a un profesional ante la presencia de al menos dos de ellas.

Privatización

El Covid ha disparado un 20% los problemas de salud mental, que sufren uno de cada diez adultos y uno de cada cien niños; en nuestro país, más de 2,1 millones de personas tienen un cuadro depresivo y el 5% ansiedad, recuerda la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) en el informe El derecho a la salud mental.

Sin embargo, la media de psiquiatras es de 11,84/100.000 habitantes, cuando la europea es de 19,12, mientras que sólo un 30% de los 9.000 psicólogos clínicos ejercen en la sanidad pública, "por lo que se deduce que la salud mental está en buena parte privatizada".

Por ello, la Plataforma de Mayores y Pensionistas ha reclamado una mayor dotación de recursos para la atención a la salud mental en el SNS, dando prioridad principalmente a la prevención durante la infancia y adolescencia.

En este sentido, el sindicato de Enfermería Satse ha propuesto realizar un estudio detallado de las necesidades existentes en cada comunidad y que se creen las plazas suficientes de profesionales sanitarios especializados.

La salud mental de los médicos

La salud mental es también cosa de médicos, que han sido uno de los grupos más vulnerables durante la pandemia.

Por eso, el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ha puesto en valor el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), una iniciativa orientada a la atención de médicos que padecen trastornos mentales y/o conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos los psicofármacos.

En sus 25 años de vigencia, Paime ha atendido a 6.300 profesionales de manera integral –asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento laboral- para darles el tratamiento adecuado y ayudarles a retornar con las adecuadas garantías a su trabajo.