El plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la avalancha de pleitos por las reclamaciones de las cláusulas suelo ha tenido una fría acogida entre los jueces de Granada. La propuesta de crear un juzgado en cada provincia que asuma de forma "exclusiva y no excluyente" las demandas de consumidores que quieran recuperar todo lo cobrado de más por las entidades financieras ha sido rechazada de plano por la junta de jueces de Primera Instancia de Granada, que consideran el plan "inasumible".

¿El motivo? La elevada carga de trabajo que tendría que afrontar ese nuevo órgano exclusivo, más aún tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que decreta la retroactividad total de las devoluciones y que hace prever un incremento de las demandas por parte de los consumidores. En opinión de la junta de jueces, "sería absolutamente inasumible visto el elevado número de demandas cuya competencia le vendría atribuida".

De hecho, los juzgados de Primera Instancia ya soportan un volumen de trabajo considerable. En 2015 se registraron en el partido judicial de Ganada 1.306 demanda relacionadas con las cláusulas suelo, que en 2016 se elevaron hasta las 1.447. Si a ellos se une que la competencia del juzgado exclusivo alcanzaría a toda la provincia, a este número de demandas habría que añadir el del resto de partidos judiciales. "Estos números determinarían per se un exceso de trabajo, muy encima de la 'ratio' prevista para los juzgados de Primera Instancia". Y eso, además, se le añadiría el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas a raíz de la sentencia europea.

Además, la junta de jueces asegura que, puesto que el juzgado especializado se constituiría de manera no excluyente, a la competencia exclusiva habría que añadirle el resto de competencias propias de los órganos de Primera Instancia. "Dada la alta carga de trabajo que soportan los juzgados de Primera Instancia de este partido judicial, cercana a los 2.00 asuntos anuales por tribunal, el juzgado especializado vendría abocado a un absoluto e inmediato colapso".

Esta situación, según los magistrados, sería similar a la sufrida por el juzgado único de lo Mercantil, que se vio obligado a señalar juicios "con un retraso de más de dos años" al ser de su competencia las demandas de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación. La junta de jueces asegura que esta circunstancia no solo iría en detrimento del ciudadano y de la tutela judicial efectiva, al ver dilatada la resolución de sus reclamaciones en un plazo "excesivo e injustificado de tiempo", sino que también acabaría beneficiando a las entidades financieras, que "no procederían a devolver las cantidades cobradas de más hasta pasados unos años desde la interposición de la demanda".

Además, los jueces de Primera Instancia de Granada determinaron que antes de aprobar un plan de urgencia como el elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sería necesario tomar en consideración lo manifestado al respecto por el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia (letrados de la Administración de Justicia, cuerpo de gestión, auxilio y trámite).

El plan del CGPJ, que tendría que ponerse en marcha el 1 de junio, determina que la decisión sobre qué juzgados serán especializados se tomaría en estrecha colaboración con los Tribunales Superiores de Justicia y con las Juntas Sectoriales de jueces y magistrados. La propuesta es especializar los órganos que se ofrezcan voluntariamente o, en caso de ausencia, elegir el Juzgado que se encuentre en mejor situación.