Trabajar para la administración es un arma de doble filo. Sí, convertirse en proveedor de un ayuntamiento puede ser interpretado como un 'pelotazo' empresarial, por aquello de tener una fuente de ingresos segura y un volumen de trabajo más o menos constante. Pero lo cierto es que la administración acostumbra a pagar tarde, que los días de espera se acumulan por decenas y que son muchos los autónomos y pequeñas y medianas empresas que financian, muy a su pesar, la actividad de ayuntamientos y organismos públicos.

La entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que introdujo en 2014 la obligación de que las administraciones pagaran a sus proveedores en un máximo de 30 días tras el primer mes de tramitación de la factura -lo que en la práctica se traduce en una espera de un mes-, no ha provocado el vuelco de una situación que provoca grandes dolores de cabeza, y mayores agujeros económicos, en la red de pymes al servicio de la administración.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, referidos al mes de abril de 2016, demuestran que hay todavía muchos ayuntamientos que no se libran del calificativo de malos pagadores. En el listado oficial, que incluye no sólo el periodo medio de pago, sino también el importe de los pagos pendientes, aparecen 55 ayuntamientos y corporaciones locales que incumplen la ley y exceden los 30 días para abonar las facturas de sus proveedores, contando con que antes han tenido un mes entero desde la fecha de entrada de la factura, que no cuenta en el marcador oficial. Es decir, que más de un tercio de los municipios de la provincia (un 32%, para ser exactos) continúa pagando tarde a sus proveedores y obligándoles a financiar su actividad.

Entre las entidades que no cumplen a tiempo con sus compromisos de pago -el listado incluye, además de ayuntamientos, a la Diputación y a distintas mancomunidades de municipios-, hay tres municipios multiplican por 11 el periodo medio de pago, superando los 300 días de plazo para abonar sus facturas pendientes. Es el caso de los ayuntamientos de Dehesas Viejas, que paga a sus proveedores en 331,38 días; de Pampaneira, donde las pymes tienen que esperar 324,55 días para cobrar; y de Íllora, donde la espera es de 313,84 días.

No son los únicos que incumplen, y mucho, lo establecido por el Gobierno central. Además, hay un elevado número de ayuntamientos que sobrepasan los 100 días de pago, triplicando así el plazo legal. En concreto, hay 25 municipios que obligan a sus proveedores a esperar más de tres meses -aparte del primero, reservado para la tramitación de la factura- para cobrar. El listado del Ministerio de Hacienda continúa con otros 27 ayuntamientos y entidades locales que también superan el mes de plazo para pagar a autónomos y pymes, pero que no llegan a tiempos de demora tan largos como los anteriores.

El caso es que incumplir el periodo medio de pago no sale 'gratis'. De acuerdo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, este plazo es uno de los indicadores para determinar si hay o no estabilidad presupuestaria, y dos meses consecutivos sin cumplir obligan a elaborar un plan económico-financiero con las medidas que se van a tomar para reducir los tiempos. Si la situación persiste, las consecuencias para el ayuntamiento pueden ser bastante más graves: se verá obligado a contar con el visto bueno del Estado para acceder a operaciones de crédito; puede quedarse sin subvenciones y ayudas; e incluso el Estado puede llegar a retener su participación en los ingresos del Estado para derivarlos al pago de los proveedores.

Son muchos los ayuntamientos que no cumplen, pero lo cierto es que, dos años después de la entrada en vigor de la ley, son más los que pagan en tiempo y forma a sus proveedores. Según los datos del Ministerio de Hacienda, hay 49 ayuntamientos y entidades locales granadinas que pagan en un plazo de menos de 30 días, y otros 54 que lo hacen antes incluso de que pase el primer mes de tramitación de la factura, ese plazo que no cuenta y que les hace aparecer en las tablas con un signo negativo por delante.

Entre los ayuntamientos mejor pagadores destacan Torvizcón, que paga sus facturas sobre la marcha; o Juviles, que paga en un plazo máximo de dos días y medio desde que el proveedor presenta el justificante en el registro municipal. También pagan en menos de días desde que reciben la factura los ayuntamientos de Soportújar, Cáñar, Alpujarra de la Sierra, Nigüelas, El Turro y Pinos Genil. En todos estos casos, la deuda que mantenían con sus proveedores eran mínimas.

Pero el caso es que su situación no es general. Paguen pronto o tarde, los ayuntamientos siguen manteniendo un elevado nivel de facturas pendientes con sus proveedores. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recoge que los 158 organismos públicos que han facilitado información adeudan un total de 114,5 millones de euros a los autónomos y empresas con las que trabajan de forma regular.

El mayor 'deudor' del colectivo de proveedores granadinos es el Ayuntamiento de Granada, ya que el importe de sus facturas pendientes (que paga en una media de 93,93 días) supera los 67,9 millones de euros. Le siguen los ayuntamientos de Motril (5,8 millones) y Almuñécar (5,3); la Diputación de Granada (4,6 millones) ; y los consistorios de Maracena (3,9 millones); Atarfe (2,9), Baza (1,9); Dúrcal (1,5), Guadix (1,2); e Íllora (1,08 millones de euros). En este grupo, sólo la Diputación y el Ayuntamiento de Guadix cumplen con el periodo medio de pago. En el resto de los casos, todos hacen esperar a sus proveedores más de 50 días para cobrar.