El anuncio de Alaya llegó antes que el de Susana Díaz. La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha enviado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la exposición razonada sobre cuatro ex consejeros de la Junta que en este momento mantienen la condición de aforados al no haberse producido aún el adelanto de las elecciones andaluzas. Fuentes del Alto Tribunal andaluz han confirmado que el TSJA "está a la espera de recibir" el dictamen de la instructora, que se ha enviado a través de un servicio de mensajería.

En las últimas semanas, la magistrada se había volcado en la elaboración de esta nueva exposición razonada sobre los indicios que la instructora considera que hay respecto a los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio, después de que el Tribunal Supremo (TS) sólo asumiera la competencia del caso de los ERE fraudulentos en lo que se refiere a cinco aforados que tienen la condición de diputados o senadores, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En un auto dictado en noviembre pasado, el Supremo asumió la competencia sólo sobre estos aforados y apuntó que el procedimiento contra otros cuatro ex consejeros autonómicos "deberá continuar ante el órgano competente", en este caso el TSJA.

Aunque en la exposición razonada remitida al Supremo Alaya ya se pronunciaba sobre los indicios que, según la juez, apunta a estos cuatro ex consejeros, la magistrada decidió elaborar un nuevo informe partiendo de cero, es decir, reescribiendo la totalidad del dictamen sin acudir al socorrido "corta y pega".

Todo apunta a que Alaya seguirá manteniendo su criterio y, pese a que el Supremo le recordó la necesidad de dividir la macrocausa de los ERE en piezas separadas -una petición que lleva ya tiempo planteando la Fiscalía Anticorrupción y a la que la juez siempre se ha negado-, ha enviado ahora al TSJA la totalidad del sumario de los ERE, que tiene 243 tomos, más de 140.000 folios y en el que están imputadas por el momento 229 personas, sin contar los nueve aforados de ambos tribunales.

De hecho, el Supremo recibió el pasado 7 de enero los 22 CD que contienen el voluminoso sumario, según informó el Alto Tribunal, que añadió que la extensa documentación ha sido puesta a disposición de los cinco imputados y de sus defensas, con la finalidad de que puedan conocer el contenido íntegro de la causa.

Si Alaya ha decidido finalmente enviar la causa completa de los ERE al TSJA y sin dividirla en piezas, coloca a este tribunal en una situación complicada. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ya dijo en noviembre pasado que "sería imposible" asumir el caso de los ERE si la causa "es muy dimensionada", si bien el adelanto de las elecciones autonómicas y la consiguiente pérdida del aforamiento de los cuatro preimputados podría determinar que el Alto Tribunal andaluz devolviera el sumario a Alaya una vez que se constituye el nuevo Parlamento, en torno al próximo 16 de abril

Lorenzo del Río explicó entonces que la Sala de lo Penal tiene dos funcionarios y tres magistrados, uno de los cuales tendría que ejercer como instructor -probablemente Miguel Pasquau-, con lo que no podría intervenir posteriormente en el juicio, para el cual habría que nombrar otro magistrado. Todo ello llevó al presidente del TSJA a decir que "con el plantel que hay" sería imposible asumir el caso de los ERE.

En cualquier caso, el TSJA, podría adoptar una solución análoga a la que decidió el TS, asumiendo sólo la competencia para investigar y enjuiciar a los cuatro ex consejeros de la Junta si es que siguen gozando de la condición de aforados ante este órgano y devolviendo de nuevo el sumario a la juez Alaya para que continúe la instrucción de una causa que, a pesar de sus 229 imputados y los miles de folios, sólo está finalizada en torno al 40% del total de empresas englobadas dentro de la investigación de los ERE fraudulentos.

Después de que el Supremo abriera la causa contra Chaves y Griñán y contra los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el juzgado de Mercedes Alaya solicitando a la instructora que emitiera una nueva exposición razonada respecto a los aforados cuya competencia no asumió el TS.

En ese escrito, los fiscales recordaban a la juez que, según la decisión del Alto Tribunal, la macrocausa de los ERE debe dividirse en distintas piezas separadas y, en este sentido, la Fiscalía detallaba que, al menos, nueve de las ayudas investigadas a lo largo de estos cuatro años de instrucción -como las de Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes y Mercasevilla- se encuentran en un estado tan avanzado de investigación que "sería posible" abrir la fase de enjuiciamiento a lo largo de este año.

La Fiscalía reconocía además en ese escrito la carga de trabajo que soporta el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y concluía que si no se producía una inmediata provisión de nuevos "jueces de apoyo" la división en piezas separadas de la macrocausa resultaría "inoperante".

Además de la división de la macrocausa, algo a lo que Alaya siempre se ha negado al sostener que la "conexidad" de los delitos hacía imposible la separación, la Fiscalía solicitó a la instructora la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la "ratificación judicial" de los informes periciales elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado o que sean oídos en calidad de perito-testigo los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que se proceda a la ratificación judicial de los informes periciales elaborados por la Dirección General de Seguros.