El Gobierno andaluz ha abogado por "mantener el actual sistema de prácticas extracurriculares" y ha exigido "diálogo" al Ejecutivo central en la reforma del Estatuto del Becario con el objetivo de "introducir mejoras". Así lo han trasladado los consejeros andaluces de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en una carta que han dirigido conjuntamente a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En el escrito, Blanco y Villamandos reclaman al Ministerio de Trabajo y Economía Social que les remita el borrador de la reforma que está preparando para analizarlo y poder realizar aportaciones, de manera que "se pueda escuchar, tanto la voz de las comunidades autónomas como también la de la comunidad universitaria en este proceso". "Desde Andalucía pedimos diálogo con todos los agentes implicados en el sistema universitario para que tanto los estudiantes como las universidades y las comunidades autónomas participen directamente en la elaboración de esta nueva normativa", han incidido ambos consejeros.

Añaden que las prácticas extracurriculares son de "vital importancia" para el sistema universitario andaluz, ya que en esta comunidad autónoma "son cerca de 12.000 estudiantes los que las realizan con un alto grado de satisfacción, tanto de ellos como de las empresas y administraciones". Este tipo de actividad, que no forma parte del plan de estudios, las realiza el alumnado con carácter voluntario durante su período de formación, tanto en empresas como en entidades públicas y está vinculada a cualquier enseñanza de grado o posgrado.

En este sentido, según la distribución por universidades, durante el pasado curso académico, la de Almería computó 686 prácticas extracurriculares; la de Cádiz, 828; la de Córdoba, 1.679; la de Granada, 1.891; la de Huelva, 292; la de Jaén, 835; la de Málaga, 2.681; la Pablo de Olavide, 492 y la de Sevilla, 2.544.

Los consejeros han asegurado que la nueva normativa planteada por el Ministerio de Trabajo "pone en peligro" este tipo de cualificación práctica con la que "se facilita la adquisición de una enseñanza integral, ya que su formación académica se complementa con la experiencia obtenida en un entorno profesional".

Además, han mostrado su "preocupación" por el "impacto negativo" que las futuras exigencias apuntadas por el Gobierno central tendrán en el tejido empresarial, ya que "se contempla la posibilidad de que los jóvenes puedan cotizar a la Seguridad Social", lo que puede suponer "desincentivar a las empresas a continuar con este tipo de formación".

"Sería, por tanto, una doble exigencia económica, ya que las empresas y organismos ya garantizan una remuneración económica a estos jóvenes por el periodo en el que realizan las prácticas, cumpliendo con lo exigido por la legislación vigente", han apostillado ambos consejeros. De este modo, sostienen que la práctica extracurricular es un "elemento trascendental" en la formación de los estudiantes y hacen hincapié en que en todo momento "se deben garantizar los derechos de los becarios, así como asegurar su formación y evitar cualquier tipo de abuso".