La juez María Núñez Bolaños, que investiga varias macrocausas, ha vuelto a reprochar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados, por lo que su labor como instructora debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.

Así de contundente se pronuncia la juez en un auto dictado en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea y en el que Bolaños advierte de que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.

La magistrada explica que se solicitó el informe pericial como una diligencia necesaria para investigar los hechos denunciados en el atestado de la UCO, “comenzando por diferenciar entre lo que son criterios interpretativos o hipótesis de auténticas irregularidades, y en su caso, una vez constatada la existencia de las mismas, determinar las ayudas en las que concurren dichas irregularidades y analizar si ello ha supuesto ilícito alguno”.

Según el atestado, la “ilegal simultaneidad” de diferentes ayudas concedidas a las mismas empresas, unidas a una falta de publicidad y teniendo en cuenta la situación y circunstancias de dichas empresas inducen a pensar que “estas concesiones pudieran estar basadas en la aplicación de criterios arbitrarios e irregulares”.

La juez ha rechazado en este auto los recursos de reforma presentados por el Partido Popular y un ex alto cargo investigado en esta causa, quienes habían impugnado la decisión de solicitar a la Intervención General de la Junta de Andalucía la realización de un informe pericial para determinar si la simultaneidad en las ayudas resulta o no contraria a la normativa comunitaria, y si entrañan un “riesgo de menoscabo de fondos públicos de los que pudieran derivarse responsabilidad patrimonial del funcionario o, en su caso, pudiera ser indiciaria de ilícito penal”.

En la resolución, la juez María Núñez Bolaños considera que una vez que se descarte o determine la existencia de las denunciadas irregularidades administrativas, deberá determinarse “si éstas pudieran ser el vehículo para la comisión de ilícitos penales, único posible objeto de investigación”. Y para conseguir esta finalidad, prosigue la instructora, es “absolutamente necesario realizar un informe técnico-jurídico que va más allá de interpretar o aplicar normas, dado que ese compendio normativo debe ser interpretado conforme a la realidad económica de la empresa y la naturaleza y temporalidad de las diferentes ayudas, para lo cual Su Señoría necesita de la colaboración de técnicos expertos en la materia con competencias de auxilio que examinen, no sólo la normativa a aplicar, sino su aplicación en un contexto real en atención al momento de concesión de las diferentes ayudas y la situación económica de la empresa”.

La juez recuerda que esa pericial técnico-jurídica está limitada en su ámbito a aquellas empresas en las que se ha detectado la denunciada “simultaneidad” de ayudas de Salvamento y ayudas de Reestructuración, así como de ayudas sociolaborales o a empresas con ayudas de salvamento o reestructuración. Así, se analizará en primer lugar si se puede constatar la existencia de vulneración de normativa alguna, porque “no se trata sólo de conocer la norma aplicable sino de saber aplicar las diferentes normas conforme a la realidad de la entidad, económica y temporal, en relación con cada una de las ayudas percibidas por las diferentes empresas” y para ello deberán analizarse “ayuda por ayuda, temporalidad, situación de la empresa y normativa aplicable”, una “compleja tarea” para la cual se ha solicitado el auxilio de la Intervención.

Se trata, en definitiva, de una diligencia “encaminada a contribuir al completo esclarecimiento de los hechos que, en nada difiere, en su naturaleza, de las previamente aceptadas y consentidas por el Ministerio Público y la acusación popular, y que por supuesto serán valoradas por Su Señoría, una vez sometida a contradicción, oídas las partes, así como todas las alegaciones o contrainformes que se presenten, sin que deban ser aceptadas sin más, ni mucho menos, tengan carácter vinculante alguno para su señoría”, concluye Bolaños.

En la macrocausa de los avales y préstamos de IDEA figuran como investigados cuatro ex altos cargos de la Junta: el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler; el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román; el ex secretario general de Innovación Juan Francisco Sánchez García; y el ex director general de Idea, Jacinto Cañete.

La instrucción de la causa de los avales se acotó inicialmente a sólo 18 empresas después de que Bolaños limitara el objeto de la investigación en un auto dictado el 2 de marzo de 2016, en el que reclamó a IDEA únicamente la entrega de los expedientes de las empresas que pudieron "simultanear" las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos que concedía la propia Idea en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Las 18 empresas a las que se limita la investigación son las siguientes: A Novo Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.