El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, informó ayer de que los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía han recibido 330 reclamaciones por la venta de participaciones preferentes, de las que el 85% corresponden a productos comercializados por Banca Cívica y La Caixa, contabilizándose más de 60.000 personas afectadas en Andalucía.

El vicepresidente anunció que próximamente se iniciará, en cooperación con la Fiscalía General de Andalucía, la potestad sancionadora y de recursos ante la jurisdicción civil para demandar la acción de cesación e indemnización por daños y perjuicios a los perjudicados.

También en este momento se está viendo la posibilidad de concertar con las entidades financieras actuaciones arbitrales, ya que con el Real Decreto-Ley 24/2012 de 31 de agosto de reestructuración y resolución de entidades de crédito "la vía judicial se convierte casi en la única salida", dijo Valderas.