La utilización de la figura del decreto ley para reorganizar el sector público de la Junta de Andalucía ha sido un error. Así lo reconoció ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que en una entrevista en El Meridiano de Canal Sur Televisión, admitió que en este decreto ley "hemos cometido el error al no haber tramitado el decreto como proyecto de ley desde el principio".

La consejera confió en que ese error será subsanado con la tramitación parlamentaria de un decreto ley aprobado ayer. Éste incorpora al original los retoques en aspectos de personal pactados con CCOO y UGT y se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento, lo que garantiza, ahora sí, el debate político y la audiencia a los agentes sociales.

Aguayo entonó por primera vez el mea culpa tras meses de férrea defensa, ante los envites de las protestas de funcionarios, sobre la potestad exclusiva del Gobierno para decidir sobre la reorganización de la Administración.

Aguayo justificó además esa decisión de hacerlo inicialmente sin considerarlo proyecto de ley porque "no pensábamos que ese procedimiento fuera elemento de conflictividad laboral" y enlazó las protestas con el hecho de que "además se convocaron en aquel momento una huelga general y elecciones sindicales".

La consejera esperó que "cuanto antes" llegue ese proyecto de ley al Parlamento, aunque estimó que esto podría suceder sobre febrero.

Un proyecto de ley tiene una media de unos cuatro meses de tramitación y se reduce a la mitad para los que se remiten por la vía de urgencia, como será el caso. Supone que al menos hasta primavera no se conocerá si la norma emanada del Parlamento introduce cambios con respecto a lo que recoge el texto, denostado por una parte de funcionarios que han protagonizado contundentes acciones de protesta, en ocasiones, desmesuradas.

Mientras se abre y cierra la negociación en el Parlamento y aunque parezca extraño, estará vigente el decreto ley que se publicará en los próximos días en el BOJA y que mantiene como el original la puesta en marcha de las nuevas agencias para el 1 de enero.

Más le costó a la consejera de la Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, calificar ayer de "rectificación" la tramitación del decreto en el Parlamento, aunque finalmente reconoció que "sí en la forma, pero no en el contenido".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el "nuevo" decreto ley, Moreno justificó la apertura del debate en razones de "oportunidad política y social". La primera, porque uno de los fines de la Junta trata de despejar "las manipulación y muchas mentiras" en torno al decreto y que el PP exponga cuál sería su modelo de servicio público. Y en segundo lugar, para aclararles a los funcionarios "de buena fe" el fin del decreto.

"No sé si continuarán las protestas o no, pero sinceramente creo que la gran mayoría de los funcionarios, que están inquietos, inseguros, apreciarán el debate y comprobarán con luz y taquígrafo qué hace el Gobierno y la oposición", expuso Moreno para insistir al PP que "ya no valen las soflamas, sino las propuestas" y le retó a presentar una alternativa.

La consejera reiteró que nadie con el decreto en la mano puede decir que cambia la relación laboral de ningún empleado público, que alguien pase por la puerta de atrás o se hagan funcionarios sin oposiciones.

De otro lado, la consejera informó de que el TSJA ha archivado las diligencias abiertas en relación con la querella del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los miembros del Gobierno autonómico por un presunto delito de "prevaricación administrativa".