La Junta de Andalucía mantiene su cronograma de elaboración de los Presupuestos para el próximo ejercicio pese al retraso que presenta la tramitación de las cuentas del Estado para 2017. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Gobierno central a aprobar en el primer semestre su previsión de ingresos y gastos no financieros para el próximo ejercicio, conocida como techo de gasto. A su vez, las comunidades autónomas y corporaciones locales deben remitir antes del 1 de agosto al Consejo de Política Fiscal y Financiera el límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Sin embargo, en esta ocasión no hay fecha para el cumplimiento de este trámite debido a que el Gobierno se encuentra en funciones desde las elecciones del pasado mes de diciembre, una circunstancia no prevista por la ley. Una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo central, si es que finalmente se forma y se evita la convocatoria de unas nuevas elecciones, debería ser precisamente la aprobación del techo de gasto, en cuya elaboración ya está trabajando el Ministerio de Hacienda, según anunció a principios de junio su titular en funciones, Cristóbal Montoro. No sería la primera vez que se incumple el plazo. En 2015, el techo de gasto se aprobó el 10 de julio y aun así los Presupuestos Generales del Estado fueron convalidados por las Cortes con un mes de adelanto por la celebración de los comicios generales del 20-D.

La Consejería de Hacienda mantiene la previsión de aprobar el proyecto de ley los presupuestos autonómicos en el último Consejo de Gobierno de octubre para remitirlos a continuación al Parlamento. Un factor clave para la elaboración de las cuentas autonómicas consiste en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Aunque no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda sostiene la fecha del 29 de julio para informar a las comunidades de los recursos con los que contarán para la elaboración de sus presupuestos.

Asimismo, el departamento que dirige María Jesús Montero se insiste en que "mientras que el techo de gasto es un trámite, lo que verdaderamente condiciona los presupuestos es Bruselas".

La Comisión Europea ha abierto a España un procedimiento por déficit excesivo por incumplir sus compromisos en la reducción del desequilibrio de sus cuentas públicas. El Ejecutivo comunitario presentará el próximo miércoles la nueva senda fiscal para que España corrija el agujero de sus cuentas públicas. Bruselas podría conceder hasta dos años más para que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta medida podría suponer para Andalucía una relajación de sus metas, situadas en el 0,7% del PIB para este año y el 0,5% para el próximo, lo que condicionaría sus cuentas del próximo año. "Esperamos que la senda pueda mejorar", señalan desde la Consejería.

En contrapartida, España podría recibir una sanción equivalente al 0,2% de su PIB, equivalente a 2.000 millones de euros. Las normas comunitarias prevén la suspensión de parte de los fondos estructurales a un Estado miembro sancionado por déficit excesivo. En el caso de España, la sanción podría alcanzar hasta un 50% de los créditos comprometidos por las arcas comunitarias para este tipo de fondos en 2017, equivalente a unos 1.000 millones de euros.

Andalucía sería una de las regiones más perjudicadas al ser una de las principales receptoras de los fondos comunitarios por su condición de región en transición. El importe de la multa se conocerá también el próximo miércoles, aunque su aplicación no será inmediata. La Comisión Europea debe escuchar la opinión del Parlamento Europeo al ser colegislador en cuestiones presupuestarias y de gestión de fondos. Y la elaboración de su dictamen, que no es vinculante, se ha aplazado al mes de septiembre, según explicaron fuentes europeas a Europa Press.